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Ni Rajoy ni Pedro Sánchez han cumplido sus compromisos con las personas dependientes

Dos años después de la firma del Pacto de Estado por la Dependencia no se han cumplido ninguno de sus compromisos

La inmensa mayoría de los Partidos del arco Parlamentario firmaron, con motivo de 10º aniversario de la Ley, el Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia promovido por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cinco eran los compromisos concretos de ese Pacto de Estado.
- Revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los R. Decretos de 2012.
- Acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años.
- Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA
- No acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la aprobación de esta ley.
- Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado.
Tras doce años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (en adelante LAPAD), el 3% de la población española, un total de 1.292.296 personas, ha sido dictaminada como dependiente, es decir, necesita apoyos para realizar actividades básicas de la vida diaria. A estas personas podríamos añadir otras 100.000 como potenciales dependientes considerando las 131.270 personas que están pendientes de su valoración de dependencia a 31 de octubre de 2018.
Desde la aprobación de la LAPAD, en diciembre de 2006, el SAAD ha sufrido muy diversos avatares que han afectado prácticamente a todas las coordenadas iniciales: el calendario de desarrollo; el baremo de valoración; la financiación; los contenidos e intensidades de los servicios, las cuantías de las prestaciones económicas; la compatibilidad entre prestaciones y servicios o la consideración de las cuidadoras familiares y de sus cotizaciones en un régimen especial de la Seguridad Social, son algunas de las variables que han sido alteradas cuando no suprimidas.
La complejidad de desarrollo de una norma estatal que reconoce derechos subjetivos, que se dicta en virtud del artículo 149.1 de la Constitución y cuya gestión directa corresponde a las comunidades autónomas por exclusividad de la materia (servicios sociales), auguraba la necesidad de ajustes en la fase implantación, prevista inicialmente hasta el año 2013.
No obstante, más allá de ajustes, el sistema ha recibido serios varapalos en forma de retrasos en la implantación y sobre todo en el ahogamiento financiero en su fase de desarrollo especialmente a partir de mediados de 2012. El Gobierno ha sido el principal responsable de dichos varapalos aun cuando la Administración General del Estado es la principal obligada a velar por un ejercicio común y homogéneo de derechos de las personas en situación de dependencia
No solo no se atiende a todas personas con derecho cuando tras sucesivos aplazamientos ha finalizado la aplicación progresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atenciones está fuertemente determinado por la comunidad autónoma de residencia de la persona dependiente, generándose así graves desigualdades.

15 claves que definen la situación actual
1. A fecha 31 de octubre de 2018 hay en España 1.292.296 personas en situación de dependencia reconocida y otras 131.270 que están pendientes de valoración. Esto significa que el 3 % de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
2. Dos tercios de las personas con dependencia reconocida son mujeres (65%) y un tercio (35%) hombres. El 72,24% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,54%
3. Durante 2018, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (nº atendidos, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados...) han mejorado. Parece que el SAAD se reactiva, pero no es del todo así. Se reactiva en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes con Grado I.
4. En este momento el 21 % de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 269.138 personas y a sus familias. Además hay 107.334 personas pendientes de valoración.
5. El 39,7% de las personas desatendidas (107.334), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
6. Durante 2017 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 38.000 personas. Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. En 2019 fallecerán 30.000 personas en situación de dependencia que se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio y no la habrán recibido.
7. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 5.000 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
8. Existe un “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida y el coste real de los servicios adquiridos mediante prestación vinculada al servicio
9. Del gasto público directo en dependencia, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.
10. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.
11. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Personas dependientes y familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas
12. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social.
13. Con todo, el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. La ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36, y la tasa de retorno es del 39,66%.
14. Si se atendiera ya a las 270.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 75.000 empleos directos que añadir a los 220.000 actuales ligados al SAAD, acercándonos de este modo a la cifra de los 300.000 empleos pronosticada en la Libro Blanco de la Dependencia.
15. Compartimos en esencia las conclusiones de la Comisión de Análisis de la Dependencia creada por la Conferencia de Presidentes. Reclamamos que sean tenidas en cuenta en la elaboración de los nuevos PGE 2019 o en el futuro respecto a la negociación del Sistema de Financiación Autonómica.

El Gobierno incumple una ley fundamentada en el artículo 149 de la Constitución
Consideramos que la Atención a la Dependencia tiene carácter estratégico en las políticas de Estado, tanto por su contenido prestacional, que afecta a necesidades básicas de más de 1,3 millones de personas y de quienes con ellas conviven, como por su incidencia en el empleo y en la generación de riqueza. Si plenamente constitucional fue la utilización del artículo 149.1.1ª C.E. para la implantación de un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía (autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia), el Estado es así mismo responsable único de garantizar los mínimos necesarios para su desarrollo, lo que conlleva una financiación adecuada y suficiente. Lo contrario es un flagrante incumplimiento de los compromisos adoptados en las Cortes Generales en forma de Ley estatal. Sin embargo, la AGE mantiene aproximadamente los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el famoso RD-Ley de 13 de julio de 2012). Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 contemplaron incrementar la partida del Nivel Mínimo en 100 millones de euros (sobre el presupuesto inicial de 2016) hasta llegar a un total de 1.262,2 millones de euros. Ya explicamos, en su momento, la inutilidad de este incremento si no se modificaban las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. El resultado fue que en ese año se dejaron de ejecutar 44 millones de euros, y que el incremento real de la aportación estatal por este concepto entre el año 2016 y 2017 fue solo de 28 millones de euros (2,4%). A finales del 2017, con el gobierno de Rajoy, se aprobó el Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que recogía las nuevas cuantías mensuales que la Administración General del Estado pagaría a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. Este incremento de la financiación suponía un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia atendida. Ahora, con un nuevo gobierno, acaba 2018, y no se ha aprobado ningún aumento de las cuantías de financiación del nivel mínimo. Hace unas semanas se envió a las CC.AA. el borrador de real decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, que ya tenía previsto el gobierno del PP, y que contía en su anexo las cuantías mensuales con las que la Administración General de Estado “garantizará” en 2019 la atención a las personas dependientes que, en este caso –como ocurrió en 2018-, contemplaba un incremento de poco más del 5%.
Una vez más denunciamos que no se podía comprender cómo en un asunto en el que existe un clarísimo acuerdo de todo el arco parlamentario (a excepción del Partido Popular), no se atiende a las razones tantas veces expresadas por este Observatorio, por las plataformas de afectados y por la sociedad en su conjunto, para la adopción de medidas urgentes en esta materia.
Se mantiene el incumplimiento de la ley de manera flagrante. El calendario progresivo de aplicación finalizó en 2015 y sin embargo hay en este momento 270.000 personas con derecho pero sin que se les permita ejercer el mismo. Es fácil prever que cerca de 30.000 personas fallecerán antes de que reciban prestación o servicio alguno. Los derechos cercenados por el decretazo del año 2012 siguen haciendo daño (menor intensidad en ayudas a domicilio, incompatibilidades entre servicios, “carencia” de dos años para atender a los que optan por prestaciones económicas, menor cuantía de estas, etc…)
Todos los grupos en el Congreso (excepto el PP y PNV) suscribieron en diciembre de 2016 (en el décimo aniversario de la Ley) un pacto en el que se comprometían, al menos, a recuperar los recortes producidos en 2012. La Conferencia de Presidentes pidió en 2017 un análisis profundo de la cuestión y se emitió un informe con total acuerdo territorial en cuanto a la necesidad de incrementar la financiación de manera decidida
(octubre de 2017). El propio grupo socialista presentó en el Congreso con fechas 12 de abril de 2018 -a solo 50 días de la moción de censura- una Proposición no de Ley con el compromiso de recuperación de recortes (idéntico texto del pacto de 2016). Tras el oportuno debate, se aprobó la PNL por ¡205 votos a favor! 130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Una mayoría bastante más contundente que la que expulsó a Rajoy del Gobierno y ha sentado a Sánchez en La Moncloa.
Resulta descorazonador cómo puede cambiar el discurso en una cuestión de un calado social como el de la Dependencia, en el que está en juego la calidad de vida -y la propia vida- de cientos de miles de personas y de sus familiares y cuidadores, y cuando existen acuerdos y compromisos tan mayoritarios entre las fuerzas parlamentarias como para sacar adelante, con garantías, un Decreto-Ley que revierta esta situación

A. D. G. Servicios Sociales

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