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 14/09/2019

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Frenazo del gasto en servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales

La ausencia de presupuestos y el factor deuda generan una tensión presupuestaria extraordinaria a las autonomías


En 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con 100.000 millones de euros. Desde aquella fecha se ha recuperado paulatinamente la inversión en estas políticas, hasta alcanzar los 112.662 millones de euros en los presupuestos definitivos de 2018. No obstante, este esfuerzo es aún insuficiente, no se alcanzan los niveles de gasto al inicio de la crisis (117.000 millones en 2009).
El estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro.
La variación anual de los presupuestos autonómicos desde el inicio de la crisis muestra cómo el esfuerzo en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales se vio reducido ampliamente entre 2010 y 2013 para iniciar cierta recuperación partir de 2014 que se ha visto truncada en los presupuestos definitivos de 2018 de manera que los durísimos recortes acumulados no se han recuperado en estas políticas.
No hay que olvidar que ese “resto de políticas” contiene funciones muy relevantes para la ciudadanía como son la cultura y la conservación del patrimonio, la justicia y la seguridad allí donde estén transferidas o las inversiones en muchas infraestructuras.
 

 
Si tomamos como año base 2009 (inicio de los recortes para las arcas autonómicas), al margen del crecimiento espectacular del gasto en deuda (más del 300% respecto a 2009), únicamente el gasto en servicios sociales habría recuperado el nivel previo a los recortes. Puede haber dos razones que lo expliquen: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción, si bien este ha sido, a todas luces, insuficiente si atendemos a los datos de incremento de la pobreza y a las más de 250.000 personas en lista de espera de atención y las 140.000 pendientes de valoración.
Lo preocupante de la situación actual es que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fue 2.420 €, un 4,54% inferior al de 2009, que fue 2.535 €. De la misma manera, el porcentaje sobre el presupuesto total que se destina a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2018 ha sido del 60,7%, lo que pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado.

Deuda autonómica
El impacto de la crisis se tradujo directamente en un incremento de los gastos derivados de la deuda pública que impactó reduciendo el gasto en las políticas sociales y sobre todo en el resto de funciones y servicios. Esta deuda ascendería actualmente a cerca de 300.000 millones de euros, acercándose a los 6.500 euros por habitante y aunque diversas circunstancias permitieron ir reduciendo el gasto anual en deuda, este gasto vuelve a repuntar desde 2016.

Hay importantes diferencias entre comunidades en su gestión de la crisis y en el gasto social
Por comunidades autónomas, hay nueve de ellas que han conseguido superar en 2018 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Baleares (+9,6%), C.Valenciana (+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias (+5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco (+3,7%), Navarra (+2,6%), La Rioja (+2,1%) y Extremadura (+1,9%). Por el contrario, Cataluña acumula una disminución del 21,7% y Castilla-La Mancha del 13,8%. También Canarias, con un 5,6% y la C. de Madrid, con un 5,5%, acumulan disminuciones destacadas.
Como hemos visto, la tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda. No obstante, la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma. Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016. Cataluña ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales.
Existen por otra parte diferencias interterritoriales importantes en el gasto social por habitante entre unas y otras comunidades autónomas; así tanto País Vasco como Navarra superan los 3.000 € anuales, mientras que, en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.100 y los 2.600 euros. Bien es cierto que el gasto por habitante es un dato excesivamente grueso que no considera cuestiones esenciales como las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios.
 
Los servicios públicos esenciales de nuevo en peligro 
Es evidente que se corren riesgos, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales que se prestan por parte de las Comunidades Autónomas, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos con un escenario que no augura cambios sustanciales, al menos, hasta 2020.
El Seis Doble | Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales



 
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