Ricardo Peris Pérez, de 79 años, que ha sido tutor durante 15 años de una persona, de 57 años, con discapacidad, se ha personado esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Alzira para entregar al juez su renuncia a la tutela de esa persona dependiente que no tiene ningún familiar directo en vida.
La aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, promovida por la Conselleria de Bienestar Social, eleva el precio por las prestaciones públicas que ofrece en los servicios de los centros de día y talleres ocupacionales; copago que supone desde el pasado enero un 90% de la paga que recibe la persona discapacitada, aplicado a las 14 pagas. En este caso concreto, el discapacitado percibe una paga anual de 13.804 euros , de los cuales debe abonar a la Conselleria de Bienestar Social, en concepto de prestación de servicios y transporte, 13.606 euros, quedándole, por lo tanto, 198 euros netos al año.
La aplicación de esta norma deja al tutelado de Ricardo Pérez con poco más de 16 euros al mes para gastos personales, teniendo que asumir él, como tutor, cualquier gasto imprevisto. Por todo esto, se ha visto obligado a renunciar a la tutela “por no poder darle un trato digno”.