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Miércoles, 2 de septiembre de 2015

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El Ministerio reconoce que hay 433.852 personas dependientes en lista de espera

Más del 20% de los desatendidos ya tenían que haber recibido atenciones con anterioridad por ser grandes dependientes


Los recortes del gobierno dificultaron la entrada de nuevos dependientes al Sistema y, sobre todo, colapsaron la capacidad para absorber la demanda de quienes permanecían en la lista de espera al ritmo requerido. Consecuencia de ello todavía hay casi 92.000 grandes dependientes y severos (con grados III y II) se encuentran atrapados con plazos de tiempo insufribles.
El acceso solo ha sido posible en la medida que se producían bajas de atendidos y como ese ritmo es insuficiente, estimamos que más de cien mil dependientes habrían fallecido en estos últimos cuatro años sin haber hecho efectivo sus derechos. El Ministerio dispone de los datos pero solo publica las altas en el Sistema no las bajas. ¿Y si el Ministerio de trabajo solo ofreciese la estadística de quienes han encontrado empleo y ocultase los datos de los que lo han perdido? Después de haber suprimido el nivel acordado de financiación y de reducir el nivel mínimo, (recorte acumulado de 1.490 M.€ tres años tal y como reconoce el Gobierno Español ante ), un incremento de tan solo 75 M.€ en los Presupuestos Generales del Estado para dependencia en 2016, es la antesala de una forzosa y sistemática violación del derecho a atenciones de 434.000 personas en situación de dependencia.
Para atender la lista de espera actual sería necesaria una inyección de al menos 3.000 M.€ adicionales dirigidos a las CCAA; muy lejos de los 75M.€ propuestos. Ante el abandono consagrado en los PGE (con incremento del 6% se necesitarían 25 años para absorber la lista de espera) decenas de miles de personas en situación de dependencia seguirán “causando baja” sin recibir los servicios o prestaciones que se les han reconocido como derecho. Habría sido más honesto derogar la Ley y afrontar las consecuencias políticas y no engañar a la ciudadanía de forma tan cruel.
Es preciso señalar, por otra parte, la tremenda desigualdad territorial en la gestión y en la lista de espera por CC.AA.
Una vez finalizada la implantación de la Ley, y ante el sufrimiento provocado por los recortes del Gobierno a las personas en situación de dependencia y sus familias, es imprescindible un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, sin abandonar los objetivos últimos y con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
José Manuel Ramírez Navarro
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales




 


 
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