Se incrementa el número de personas dependientes atendidas, pero aun con una enorme lista de espera
Se corre el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen un apoyo a las personas ni fuente de empleo
120.000 Grandes Dependientes continúan sin ser atendidos, mientras se maquillan las cifras del Sistema incorporando Dependientes Moderados con servicios low cost. Se corre el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas y que no son fuente de empleo.
Con un porcentaje de financiación cada vez menor por parte de la Administración General del Estado, y sin incremento efectivo en los Presupuestos Generales del Estado en 2017, cada día fallecen no menos de 100 dependientes sin recibir la prestación o servicio a la que tienen derecho. Son más de 18.000 los fallecidos en esta situación, en este primer semestre.
Estas son algunas conclusiones del Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2017, analizando los datos oficiales de evolución del Sistema, así como los hitos en su desarrollo en este periodo, marcado por un rechazo frontal del Gobierno central a incrementar las partidas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las exigencias de los Partidos que han negociado su aprobación, y por la falta de resultados efectivos de las Comisiones y Grupos de Trabajo promovidas por el Ministerio.
Se incrementa el número de atendidos, pero aún con una enorme lista de espera
Desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015 se produjo un dramático parón del SAAD; a partir de esa fecha se retoma un cierto crecimiento en cuanto a personas atendidas que, a 30 de junio de 2017, son 898.243, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355.
La incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas con Grado I, supuso un importante incremento de la lista de espera. Los esfuerzos de las Comunidades Autónomas -ya que no se ha incrementado la financiación estatal en este periodo- han conseguido aumentar en los dos últimos años el número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.
A pesar de ello, tras dos años del cierre de calendario de aplicación de la ley nos encontramos aún con casi 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”. Por otra parte, la lista de espera no está compuesta solo por las personas que más tarde se han incorporado al derecho a atención (Grado I) sino que hay un importantísimo número de personas con Grados III y II (gran dependencia y dependencia severa) cuyo número se mantiene casi invariable en el último año:
Esto tiene importantes repercusiones en clave de financiación ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa. La incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste como la teleasistencia, muchas prestaciones de prevención y promoción de la autonomía o incluso la prestación económica por cuidados en el entorno familiar cuyo importe siempre es menos onerosa que la prestación de servicios personales o residenciales.
Siguen siendo miles los dependientes que fallecen sin recibir las atenciones que tienen reconocidas
La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.
Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.
Resulta preocupante que, aun reconociendo el cambio de tendencia, de seguir así las cosas se tardaría entre cuatro y cinco años en acabar con la lista de espera y cumplir con la ciudadanía. Y ello con grandes diferencias entre territorios. Estas proyecciones pueden alargarse considerando el número de personas dependientes con Grados III y II (cuya atención puede ser más costosa) y las 100.000 personas pendientes de dictamen de las que un buen número acabará siendo consideradas como dependientes.
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