Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio
Jueves, 28 de julio de 2016 | e6d.es
• La lista de espera se mantiene en 381.508 y al ritmo actual se tardarían más de cuatro años en cumplir con los derechos de las personas dependientes
La atención a la dependencia en España sufrió un claro y doloroso estancamiento desde mediados 2012 hasta mediados de 2015, momento en el que se incorporaron las personas con dependencia moderada (Grado I) al Sistema. Desde entonces -es decir, durante el último año- se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando el estancamiento.
No obstante, sigue existiendo un fragante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas, ya que actualmente (con datos oficiales de 30 de junio) hay 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en “lista de espera”. Valoramos positivamente el incremento de personas atendidas en el último año, que sin duda se debe a diferentes factores, siendo la fundamental el revulsivo de la incorporación de los dependientes moderados. Muchos de esos dependientes moderados ya venían siendo atendidos por los servicios sociales locales y autonómicos con lo que se intuye que en muchos casos su incorporación de facto al sistema se debe a más a mecanismos de gestión que a un cambio real de su situación o de los servicios que reciben. Por otra parte, la atención a dependientes moderados permite teóricamente atenciones de menor coste.
Pese a la mejora en las cifras de gestión del último año, hay tres elementos que resultan extremadamente preocupantes y ante los que se deben tomar medidas:
1) Las extremas diferencias interterritoriales: no todas las Comunidades Autónomas han mejorado la gestión en la misma medida. De hecho se perciben algunas situaciones críticas que no se pueden obviar. Aún hay más de 126.00 personas en lista de espera con grados de dependencia II (severa) y III (gran dependencia). La incorporación del Grado I (300.000 personas) se produjo sin que muchas Comunidades Autónomas hubieran atendido la demanda anterior acumulada.
Frente a territorios que han avanzado significativamente en el último año, como son Castilla y León (que ya ha culminado el proceso de incorporación de dependientes moderados); Madrid; Asturias; La Rioja o las ciudades de Ceuta y de Melilla, encontramos dos Comunidades en situación crítica como son Canarias (con una avance anual de menos del 5% y una lista de espera superior al 50%) y Cataluña, que es la única Comunidad que ha reducido el número de personas atendidas en el último año teniendo una lista de espera superior al 40%.
Con muchas dificultades se encuentran Aragón; Castilla-La Mancha; Andalucía; Extremadura y Galicia, cuyos avances en el último año no han sido suficientes, considerando el camino que aún tienen por recorrer. El resto de Comunidades no les va a la zaga en dificultades para avanzar.
Se aprecia ya la clara correlación entre los avances anuales en incremento de personas atendidas y el camino por recorrer hasta la atención de la lista de espera. Quienes se van quedando atrás cada vez se encontrarán en peor situación:
Resultará crítica la observación del próximo semestre para comprobar la evolución por territorios cuyas diferentes capacidades de respuesta afectan gravemente a la desigualdad entre ciudadanos ante un mismo derecho.
2) El actual incremento de personas atendidas -con ser positivo- es claramente insuficiente, de forma que, con un hipotético número constante de dependientes en España (1.200.000), con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la desesperante lista de espera.
En realidad, no se llegará a la plena atención en cuatro años, ya que hay dos territorios que con el actual ritmo anual no absorberían nunca la demanda [Cataluña y Canarias (esta última tardaría más de 25 años)], junto a otras cinco comunidades por encima de los cinco años. De nuevo las diferencias para las personas dependientes en función de la Comunidad en la que residan son insoportables.
3) Por último, es imposible atender con las mínimas garantías a las personas en situación de dependencia sin un modelo de financiación adecuado. Todos los analistas hemos coincidido en que el modelo de financiación insuficiente, cuando no tramposo, y está provocando la paulatina retirada de la financiación finalista a las Comunidades Autónomas por parte de la Administración General del Estado a medida que el gasto se incrementa en la factura autonómica en dependencia.
El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las Comunidades Autónomas por recortes en su financiación les ha situado en una encrucijada con una difícil salida.
La única salida posible es incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras un debate realista y responsable, un acuerdo sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con los ciudadanos debidamente. En un tema tan serio como este, esperemos que antepongan a las personas en situación de dependencia a los devaneos de salón y a los postureos partidistas.
Las prestaciones y servicios en este último año han aumentado en: 18.538 nuevos servicios de ayuda a domicilio, 4.396 plazas residenciales de nueva creación, 4.396 plazas de centros de día, 33.891 de teleasistencia, 9.725 prestaciones vinculadas al servicio y 1.289 de asistentes personales. Este aumento en los servicios ha incrementado en más de 15.000 el número de empleos directos que han entrado a trabajar en el Sistema de Atención a la Dependencia, en el que ya hay más de 200.000 trabajadores. Por el contrario, el número de cuidadores no profesionales ha descendido en 6.683.
El nuevo Parlamento y el próximo Gobierno tienen como tarea (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto estratégico para un futuro inevitable; forma parte de un sector de la economía de alta generación de empleo y de retornos fiscales y –sobre todo- es vital para cientos de miles de personas y sus familias.
Las prestaciones y servicios en este último año han aumentado en: 18.538 nuevos servicios de ayuda a domicilio, 4.396 plazas residenciales de nueva creación, 4.396 plazas de centros de día, 33.891 de teleasistencia, 9.725 prestaciones vinculadas al servicio y 1.289 de asistentes personales. Este aumento en los servicios ha incrementado en más de 15.000 el número de empleos directos que han entrado a trabajar en el Sistema de Atención a la Dependencia, en el que ya hay más de 200.000 trabajadores. Por el contrario, el número de cuidadores no profesionales ha descendido en 6.683.
El nuevo Parlamento y el próximo Gobierno tienen como tarea (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto estratégico para un futuro inevitable; forma parte de un sector de la economía de alta generación de empleo y de retornos fiscales y –sobre todo- es vital para cientos de miles de personas y sus familias.
El Seis Doble | Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
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