Ana Carmen Soler Díaz, víctima de malos tratos, tiene 53 años, cinco hijos y una nieta de 16 meses. Esta mujer, vecina de Cadiar (Granada, 1632 habitantes), aspiraba a conseguir una vivienda social de las tres que se han adjudicado en el municipio. No lo ha logrado. El Ayuntamiento de Cádiar (PP) no tuvo en cuenta su situación ni solicitó el informe preceptivo de los Servicios Sociales municipales para comprobar si entre los solicitantes inscritos en el Registro de Vivienda se encontraba alguna familia en situación de exclusión social. Es el caso de Ana Carmen, que vive en casa de su yerno con cinco de sus hijos y un nieto. Uno de sus hijos, de 17 años, está acogido en Aldeas Infantiles. “Ni siquiera puedo decirle que venga porque no hay sitio en la casa”, dice.
La mujer ya sufría la crisis antes de que llegara la crisis. En la vivienda en la que se aloja viven nueve personas. Ninguna de ellas tiene trabajo estable y sus únicos ingresos son los 426 euros de la Renta Activa de Inserción. “Muchas veces he pasado hambre y a mí el Ayuntamiento no me ha dado nada. Fui a ver hasta el cura, que me rechazó porque dice que estoy en pecado; el único que me ha ayudado ha sido el asistente social”. Sus circunstancias son de sobra conocidas en el pequeño pueblo de la alpujarra granadina en el que lleva catorce años empadronada. Pero no se tuvieron en consideración al seleccionar a los tres titulares de las viviendas adjudicadas. Entre ellos, la madre de una militante del PP. Su hija, Clara Villegas López concurrió en las elecciones municipales de 2011 en el puesto número seis de la lista. A la madre le dieron la baremación más alta de entre los 39 solicitantes de vivienda. Y ello, pese a que en el Registro de la Propiedad aparece como titular de una casa en El Ejido en régimen de gananciales.
Ana Carmen está indignada con el procedimiento de adjudicación. Consiguió entrar en la lista de solicitantes después de una odisea y no esperaba que le dieran las viviendas “a familias que no las necesitan”. “No quiero que me den una casa, quiero pagar el alquiler ajustado a mis posibilidades”, explica. Dice que las casas estaban dadas antes de que se iniciara el procedimiento de selección, que se han adjudicado con secretismo y que ni siquiera la avisaron del resultado final de la baremación. Por eso, cuando supo que se habían entregado las llaves a los adjudicatarios de las viviendas, se armó de coraje e inició su particular batalla para denunciar lo sucedido. “Estuve una semana detrás del alcalde, pero no hubo manera de hablar con él”, relata. Habla con claridad y sin remilgos: “No le chupo el culo a nadie”. Leer noticia completa y seguir hilo de debate en andalucesdiario.es