La España corrupta | Trama de pagos ilegales a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas

26 detenidos en Andalucía, Extremadura y Canarias así como en Barcelona y Madrid. Registros en la Diputación de Sevilla

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a 26 personas en diferentes provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias así como en Barcelona y Madrid, presuntamente relacionadas con una trama de pagos ilegales a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas.
Según han informado fuentes de la investigación, en la operación, bautizada como "Enredadera", y que supone la tercera fase de la investigación de la operación Madeja que está desarrollando este martes la Guardia Civli por orden de la juez Mercedes Alaya se prevé una treintena de detenidos.
Hasta el momento, los agentes han arrestado a 26 personas, en su mayoría funcionarios, aunque también está prevista la detención de algún cargo público de bajo nivel, han indicado las fuentes. Entre los ya arrestados figura el responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos P.C. | Leer noticia completa en terra.es.


Nota de prensa de la Guardia Civil
La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos
 
 
En la operación “ENREDADERA”,  realizada simultáneamente  en 13 provincias, se prevé la detención de más de 30 personas, en torno al mismo número de imputaciones y la práctica de varias entradas y registros.
 
Esta trama organizada había logrado infiltrarse en numerosos organismos de distintas Administraciones Públicas con la ayuda de funcionarios y responsables públicos.
 
 
La Guardia Civil está desarrollando desde primeras horas de la mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, la operación, ENREDADERA, en la que está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Igualmente, en el operativo los agentes realizan varios registros en empresas y domicilios de las citadas provincias.
Esta fase de explotación es la continuación de la investigación  sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de MERCASEVILLA SA, donde quedó evidenciado un importante incremento
patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad FITONOVO, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa FITONOVO.
Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa FITONOVO había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Sevilla, que ha decretado el  secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.