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Fabra liquida la vida política de Blasco

Rafael Blasco se encuentra envuelto en un oscuro episodio que investigan los tribunales, el saqueo de los fondos de ayuda al Tercer Mundo

¿Pueden unas respuestas, aparentemente descriptivas, poner fin a toda una vida política? En Valencia, sí. Rafael Blasco, cuarenta años en la vida pública, durante los cuales ha recorrido un espectro político que va desde la lucha antifranquista en el FRAP hasta el PP. Un espacio de tiempo en el que ha ocupado dos consejerías en los gobiernos socialistas de Joan Lerma, cinco más con los populares Eduardo Zaplana y Francisco Camps, más la portavocía del grupo parlamentario del PP con Alberto Fabra. Blasco vio ayer cómo su margen de maniobra para seguir siendo alguien en la política valenciana se ha reducido prácticamente a la nada.
La Comisión de Derechos y Garantías regional del PP, sin oír la opinión del afectado, decidió abrirle un expediente disciplinario por “la comisión de infracciones tipificadas como graves y muy graves”. “Adoptar como medida cautelar la suspensión de militancia y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el seno del Partido Popular en representación de este a Rafael Blasco”. Traducción: la dirección del PP pretende que el veterano político deje el grupo parlamentario del que fue portavoz y pase directamente al de los no adscritos sin necesidad de que los diputados del PP se pronuncien sobre un hecho en el que están profundamente divididos. Una maniobra no especialmente sutil, pero que ha permitido al presidente de la Generalitat Valenciana liquidar a uno de sus más talentosos y críticos adversarios internos.
Sin embargo, la operación no va a resultar fácil ni cómoda para los partidarios de Fabra que pretenden a toda costa evitar una imagen de división interna. El artículo 27 del reglamento de las Cortes Valencianas establece que “si la baja fuera por expulsión del grupo parlamentario, deberá acreditarse ante la Mesa de Les Corts que la decisión fue adoptada, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros del mismo”. Aunque la mayoría parlamentaria popular acostumbra a tener una interpretación laxa del reglamento en función de sus intereses, no es probable que los partidarios de Blasco dejen pasar la ocasión de abrir el debate para evidenciar que Fabra no cuenta con el respaldo unánime de todos los diputados del PP.
Con los populares cuesta abajo en las encuestas y un partido cada vez más dividido y desorientado, no son pocos los militantes populares que se preguntan qué hace la dirección nacional del PP. La respuesta es: por ahora nada. María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, no desautorizará a la Comisión de Derechos valenciana porque sería tanto como desautorizar a Fabra. En consecuencia, se limitará a dar el visto bueno a lo que se acordó ayer en Valencia y poco más. Los últimos traspiés del presidente de la Generalitat han quebrado la imagen que de él se tenía en Génova.
¿Por qué ahora? Rafael Blasco se encuentra envuelto desde más de un año en un oscuro episodio que investigan los tribunales, el saqueo de los fondos de ayuda al Tercer Mundo que se gestionaban desde la consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la que él era titular. La fiscalía sospecha que fue el responsable de una trama que desvió, presuntamente, ocho millones de los fondos de cooperación. La propia Abogacía de la Generalitat, personada como acusación particular, solicita hasta 11 años de cárcel para el que fuera uno de sus responsables en el Consell. Pese a todo ello, Fabra ha venido difiriendo su decisión. Primero anunció que esperaría a ver qué decía la Abogacía de la Generalitat y cuando esta se pronunció, alargó el plazo a la apertura del juicio oral. No había mucha prisa en pronunciarse sobre el futuro de Blasco. Entre otras cosas porque en presidencia se sabía que una parte nada desdeñable del grupo parlamentario secundaba a su exportavoz. Hay otros ocho imputados y a uno de ellos, la expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, la fiscalía le pide 11 años de cárcel por su implicación, presunta, en el caso Gürtel.
Pero el pasado miércoles, el exconsejero Blasco acudió a la tertuliaEl cascabel al gato, de 13TV, una emisora cuyo consejo de administración preside José María Más Millet, a su vez presidente de la Fundación Bancaixa y en la que, según fuentes del propio PP, tiene intereses la familia Cotino. Allí, Rafael Blasco dejó caer tres afirmaciones que sentaron fatal en presidencia de la Generalitat. Recordó que Fabra, durante su época de concejal en Castellón, estuvo imputado, del mismo modo que el actual portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, en su época de edil del Ayuntamiento de Valencia. Además, reivindicó la figura de Francisco Camps, expresidente de le Generalitat, de quien dijo que no estaba siendo aprovechado. Ese mismo día el Tribunal Superior de Justicia valenciano daba a conocer que una desconocida Asociación contra la Corrupción había presentado una querella contra Serafín Castellano, consejero de Gobernación y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. En la Generalitat están convencidos de que detrás de esta Asociación se encuentra el propio Blasco y el presidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, aliado del primero. No tienen pruebas, pero sí sospechas. Así que Fabra no lo dudó. El autor de este texto es Josep Torrent. Leer noticia completa y ver hilo de debate en elpais.com.

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