El nuevo Decreto del Gobierno sobre Dependencia abandona a los 300.000 dependientes en el “limbo de la dependencia”
Apenas será suficiente, supone el equivalente a reducir la lista de espera en un 4%
El proyecto de Real Decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, sometido a exposición pública por el Gobierno, recoge las nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. Determina un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia que recibe una prestación o servicio (17,66 euros al mes para Grandes Dependientes, 2,87 para dependientes Severos, 10,78 para dependientes moderados)
Si bien estas cuantías se incrementan para todos los grados y su aplicación tendrá efectos desde el 1 enero de 2017, de todas las fórmulas de financiación del sistema recogidas en la Ley 39/2006 el Nivel Mínimo es la única vía que subsiste como financiación del Estado a las Comunidades Autónomas y estas cuantías ya fueron ampliamente recortadas en 2012 junto con la supresión de la vía del Nivel Acordado de financiación.
El propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados. La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las CC.AA.
El incremento que ahora se propone está muy lejos de recuperar la ya escasa financiación de 2012 y no supondrá en su totalidad más que un incremento estimado de gasto estatal de un 8,9% (un importe estimado cercano a los 100 millones de euros).
Este Observatorio ya alertó a la opinión pública -muy especialmente al grupo parlamentario de Ciudadanos- de que el incremento presupuestario para Dependencia pactado en los PGE de 2017 sería papel mojado si no se incrementaban las cuantías del Nivel Mínimo.
Pues bien, la situación de colapso actual es tal que si no se hiciera esta operación de incremento del Nivel Mínimo se correría serio riesgo de no ejecutar el total presupuestado, lo que hubiera resultado inexplicable para el Ministerio existiendo más de 300.000 personas en espera de atención y cuando un centenar de personas fallece diariamente sin haber podido ejercer su derecho a percibir servicios o prestaciones.
El incremento de atendidos y la consiguiente reducción de la lista de espera se hace muy lentamente y a costa de atender a los dependientes con Grado I mientras que los de Grados III y II (con mayores necesidades de apoyo) están estancados desde hace dos años.
Aunque se cacarea sistemáticamente el mantra de la “recuperación económica” y aunque la situación del SAAD haya sido analizada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas con el diagnóstico de la mala financiación, seguimos en el sinsentido que no se esté pensando en recuperar –al menos- los niveles de financiación que fueron triste y cruelmente recortados en 2012.
Celebramos este incremento mínimo de la financiación por lo que supone de reconocimiento de la AGE de que el sistema está infradotado en el nivel que es de su responsabilidad, pero cuando las “migajas” de subida coinciden exactamente con lo mínimo imprescindible para cumplir con la ejecución presupuestaria, sin que haya al menos un CALENDARIO DE COMPROMISOS DE SUPRESIÓN DE LOS RECORTES, nos tememos que el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones low cost y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.
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