Es normal que cuando se inicia un proceso electoral se haga balance de la gestión de quien ocupa el Gobierno y se formulen propuestas de mejora en todos los aspectos, ofertas encaminadas a perfeccionar una sociedad de hombres libres. Lamentablemente, y por culpa de la escasa experiencia de gestión de los principales contendientes y la falta de proyectos benefactores, no suele ocurrir así en España, un país donde los candidatos rivalizan en el extraño arte de dar la impresión de hacer muchas cosas para llenar el vacío de su más absoluta nada. La cosa es bastante peor si se tiene en cuenta que muchas de las iniciativas que adoptan los candidatos consisten en cebarse con la libertad de los ciudadanos y contribuyentes, a base de proponer nuevas leyes y/o reglamentos que pretenden regular vidas y haciendas a mayor gloria del disfrute del poder por parte de quienes lo vienen ejerciendo de forma tan poco satisfactoria.
Este vicio, letal para las libertades, no deja de ganar adeptos entre nosotros. En efecto, las distintas administraciones en sus tres niveles, local, regional y central, se afanan cada día en las tareas regulatorias, de manera que no quede resquicio alguno sin la tutela o exigencia de la administración: los ayuntamientos, como el caso reciente de Madrid, limitando el tráfico en la ciudad; las comunidades autónomas, aumentando su producción legislativa, y el Gobierno central sublimando las exigencias de los demás mediante el añadido de medidas encaminadas a convertir poco menos que en irrespirable el desenvolvimiento económico del país. Miles y miles de páginas de boletines oficiales, una verdadera selva legislativa del ordeno y mando sin parangón en el mundo civilizado. Y lo peor de todo es que quienes tal cosecha producen no son precisamente un dechado de transparencia y de buen hacer en las responsabilidades que tienen encomendadas, que ya dijo el sabio que “es más fácil hacer leyes que gobernar”.
Día sí y día no venimos dando cuenta de la diarrea de nuevas medidas de todo orden, la mayoría de las cuales se orientan en dirección contraria a la de ensanchar la libertad o el bienestar de los ciudadanos. De forma apresurada el poder público se va convirtiendo en una amenaza al ejercicio de las libertades individuales y al florecimiento de la iniciativa privada, cuestiones vitales para sacar al país del pozo en el que lo han sumergido muchos de los adalides de esta perversa estatalización de la vida social. La proliferación de normas limitativas o prohibitivas ha pasado a ser el pan nuestro de cada día sin que ni siquiera sus autores se molesten en explicar los bienes que de ello puedan derivarse. Da la impresión de que se procede así para transmitir la imagen de lo mucho que se preocupan de nosotros, pobres ciudadanos necesitados de su permanente tutela, dada nuestra incapacidad para afrontar las responsabilidades inherentes al ejercicio de nuestra libertad. Y es que resulta difícil encontrar un ápice de confianza o de estímulo hacia el quehacer de personas y/o empresas en el repaso de la vasta producción legislativa o reglamentaria actual. Más bien es fácil toparse con lo contrario, para llegar a la conclusión de que los que ejercen el poder en nuestro nombre siguen participando de esa tradición tan española consistente en considerar al Estado un patrimonio al servicio exclusivo de quienes lo administran. Leer noticia completa en vozpopuli.com.