Constitución, ¿más de 36 años de condena?

Transcurridos ya más de 36 años desde la  aprobación de la Constitución de 1978, parece un tiempo más propio de una condena que de un régimen democrático, pero no ha sido así.
Observada bajo la luz de 2015, podemos percibir que en traje se nos ha quedado pequeño y, de un momento a otro, va a reventar por las costuras. Quizá. Sin embargo, tengo presentes las palabras de mi admirado Julio Anguita cuando proclamó que, el acto más revolucionario que se podía dar en España, era cumplir la Constitución. No iba desencaminado.
Es problema, los problemas, más bien; reside en que, algunos preceptos contemplados en ella, se han tomado como si de un bonito decorado se tratase: la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes, el derecho al trabajo y a una vivienda digna o la aconfesionalidad del Estado, entre otros, han quedado en una ingenua declaración de intenciones más que en unas máximas de obligado cumplimiento.
Los diferentes gobiernos habidos desde el 78 para acá se han aplicado con entusiasmo a la sentencia del Conde de Romanones: “Dejad que ellos hagan las leyes, que yo haré los reglamentos”. De este modo, sucesivas reformas legislativas han ido descafeinando lo previsto en la Constitución, desnaturalizando los derechos en ella contemplados en beneficio de la clase dominante, empresarial y financiera, que, por cierto, sigue siendo la misma desde principios del siglo XX.  La auténtica, genuina e imperturbable casta.
Vivimos una época de cambios vertiginosos en todas las escalas, desde la global a la individual y la Constitución, que es el marco legislativo que determina qué se puede o no hacer dentro de la legalidad, debe ser una herramienta, no un obstáculo.  Debe dotarse de unos mecanismos que le otorguen capacidad de adaptación y flexibilidad que, dada la situación política y social del 78, eran impensables.
No nos debe extrañar, por tanto, la inclusión del Derecho a Decidir de los pueblos y, dentro de él, someter al criterio de la ciudadanía cuestiones tan importantes como la Jefatura del Estado, la Organización Territorial, la Laicidad del Estado o la Ley Electoral, entre otras muchas.
Además, ahora existe un organismo, empleado con frecuencia como arma arrojadiza, que vela porque las leyes aprobadas se sitúen dentro del marco constitucional pero, echo de menos la existencia de otro que haga un seguimiento del cumplimiento de todas las normas previstas en la Ley de Leyes y determinen qué iniciativas se alejan grosera o sutilmente de su espíritu.
Del mismo modo que no voy a denostar la Constitución del 78; el contexto en que se desarrolló y, por qué no, la generosidad con que se hizo, considero que urge un cambio radical (desde la raíz) para que sea la Ley la que se adapte a los tiempos y no el anacronismo de adaptar los tiempos a la Ley.

Fermín Álvarez
Un triste tigre