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 30/11/2014

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Aquí no hay quien viva (si no eres de Izquierda Unida)

El alcalde de Rivas y seis familiares tienen piso de protección en la ex urbanización de Tania Sánchez


El Sector VII de Rivas-Vaciamadrid, como ocurre con otros barrios del municipio, como el de la Luna, ha constituido en la última década todo un orgullo para sus gobiernos de izquierdas. En mitad de extensas zonas ajardinadas –«con la vocación de llenar sus calles y bulevares de vida, rompiendo el esquema de las manzanas cerradas», apuntaban desde el Ejecutivo local del por entonces alcalde, José Masa (IU)– estas ampliaciones sirvieron para multplicar el número total de viviendas de protección oficial. Promociones públicas destinadas fundamentalmente, aunque no sólo, a los más jóvenes y a familias con dificultades para acceder a una vivienda libre.
La ya célebre calle José Luis Sampedro es un ejemplo ilustrativo de lo que fueron estos nuevos barrios. Frente a chalets unifamiliares se edificaron en la pasada década hasta ocho edificios iguales –del número 2 al 16 de esta vía– con tres pisos de altura cada uno de ellos. Viviendas de protección oficial a un precio más asequible con las comodidades propias de una urbanización como plaza de garaje y trastero propios. Se trata, por otra parte, de inmuebles de los que algunos cargos relevantes del actual equipo de Gobierno de Izquierda Unida, de la dirección del partido en Rivas así como de familiares de personas vinculadas con estas siglas fueron los afortunados perceptores de estas viviendas.
Estas circunstancias han recuperado actualidad esta semana con la publicación en LA RAZÓN de las informaciones relacionadas con el piso del que fue adjudicataria la diputada autonómica de IU y candidata en las primarias a la Comunidad, Tania Sánchez. La política fue durante un tiempo una vecina más de la calle José Luis Sampedro en el número 16 de esta calle. Pasado el tiempo, Tania Sánchez decidió ponerlo en venta y su titular pasó a ser el actual portavoz de IU en el Ayuntamiento, Curro Corrales. La diputada adquirió el inmueble por 99.214,98 euros, de los cuales 85.706, 23 corresponden al apartamento, 2.234,96 son del trastero y 11.273,79 a la plaza de garaje. Sin embargo, vendió el piso de 100 metros cuadrados de superficie por poco más de 150.000 euros, lo que le generó una ganancia de más de 50.000 euros con esta transacción inmobiliaria.
 
El alcalde, cuestionado
Especialmente significativo fue el caso del actual alcalde del municipio, Pedro del Cura. Tal y como informó este diario el pasado mes de enero, el primer edil y su familia llegaron a ser titulares de hasta cuatro viviendas. Todo ello, a pesar de la normativa que impide que una misma unidad familiar pueda disponer de más de una casa de protección. El padre de Pedro del Cura –Pedro del Cura Burgueño– fue adjudicatario de un piso en el número 8; una hermana –Marta del Cura Sánchez–, en el 12 y otra hermana –Tamara del Cura–, en el 16; mientras que el actual alcalde, lo obtuvo en el 14. Posteriormente, Del Cura pudo ampliar su vivienda una vez que su madre, Maria Antonia Sánchez Jara, según consta en el registro, adquiriera otro piso en ese mismo edificio gracias a una compraventa el 23 de diciembre de 2010. La por entonces pareja de Del Cura, Sara Jorquera, también fue adjudicataria de un piso.
Un bajo en el número 8 de la calle José Luis Sampedro, el mismo portal en el que su hermana, Ana Isabel Jorquera, también es titular de una vivienda en el primer piso. Todos ellos son vecinos de la hija del anterior alcalde ripense, José Masa. En el tercer piso del número 6, Natalia Mesa Calero posee una vivienda. Entre los vecinos consultados por este diario, sin embargo, no existe la convicción de que la pertenencia a Izquierda Unida o el cargo público que ostentan algunos de ellos haya facilitado el acceso a una de estas propiedades. «Todo lo que se está montando sobre estas urbanizaciones no tiene ninguna lógica. Si compraron las viviendas es porque cumplieron los requisitos», aseguraba una joven pareja del vecindario. Hastiados del revuelo mediático que sus urbanizaciones han alcanzado en las últimas semanas, otros insisten en que las «pequeñas irregularidades en las obras o en alguna venta» no pueden afectar al derecho que tienen «aunque sean concejales o diputados» de tener una vivienda pública. El autor de este texto es Pablo Gómez. Leer noticia completa y ver hilo de debate en larazon.es.
 
El Sis Doble no corregeix els escrits que rep. La reproducció d'aquest text és literal; fidel a les paraules, redacció , ortografia i sentit de l'autor/s
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