441.155 personas requirieron ayuda social de emergencia del Sistema Público de Servicios Sociales

¿Beneficencia o dignidad?: la respuesta de las Comunidades Autónomas a las necesidades más básicas de sus ciudadanos

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha hecho públicos los datos sobre las denominadas ayudas económicas de emergencia social en el año 2013. Son ayudas dirigidas a aquellas personas y unidades de convivencia que cubren necesidades sociales básicas (comida, vestido, alojamiento,…) y atienden situaciones de urgencia o exclusión social.
Estos datos permiten valorar el esfuerzo que realizan los diferentes Gobiernos de las Comunidades Autónomas en lo que podemos considerar la prestación que responde a las necesidades más básicas de sus ciudadanos/as, cuando la carencia de recursos es más acusada y no llegan el resto de subsidios o prestaciones. Por ello constituyen un buen indicador para valorar en qué medida estos Gobiernos son sensibles al sufrimiento de quienes carecen de lo más básico, o los abandonan a expensas de iniciativas caritativas que pueda poner en marcha la propia ciudadanía. En épocas navideñas como las que nos encontramos, hemos asistido al vergonzoso espectáculo de algunos responsables públicos retratándose en rastrillos benéficos o en comedores de caridad, sin pudor alguno, siendo los responsables de algunas Comunidades que menos presupuesto por habitante dedica a atender estas mismas necesidades que, por su falta de sensibilidad institucional, han de ser atendidas a través de esas iniciativas benéficas. Derechos de ciudadanía, responsabilidad institucional y dignidad, por un lado, o retorno a una sociedad de pobres y benefactores, donde las personas tienen que pasar por el humillante trance de pedir, por compasión, aquello que deberían recibir como derecho de ciudadanía: la garantía de cobertura de sus necesidades básicas.
Los datos oficiales sobre estas ayudas de emergencia social, nos permiten apreciar en qué extremos de este dilema se sitúa cada una de las Comunidades:
La cuantía media por titular de las ayudas de emergencia social en España, es de 267 euros al año. La media estatal es de 14 perceptores por cada mil habitantes.Sin embargo, las diferencias entre Comunidades se pueden calificar de escandalosas. Destaca positivamente en cuanto el número de ayudas, Andalucía (34,7 perceptores por cada 1.000 habitantes) y la C. Valenciana (15,6); en el otro extremo, la Comunidades de Murcia (0,2 perceptores por cada 1.000 habitantes), Extremadura (0,5), Galicia (1) y Castilla La Mancha (2,3), Cantabria (2,3) y Canarias (2,8).
Es preciso tener en cuenta para valorar estos datos, el indicador de la renta mínima de inserción. Hay dos comunidades (País Vasco y Navarra), en las que se garantiza como derecho subjetivo y la ratio de número de beneficiarios por cada mil habitantes es muy superior a la media, sin embargo las comunidades que peores ratios presentan coinciden en ambos indicadores. Así, mientras en Euskadi se benefician de estas Rentas 62,1 personas por cada mil habitantes, y en Navarra 49,3, en Murcia sólo las reciben 4,7 por cada mil habitantes, en Extremadura 2,9, y en Castilla-La Mancha 2,7.
Los Gobiernos Autonómicos de Asturias, Cataluña y la Comunidad de Madrid no han facilitado datos de cobertura al Ministerio.
   
Tasa de cobertura en relación con el padrón municipal
El gasto medio por habitante y año para toda España es de 3€. Sin embargo, también en este aspecto las diferencias entre Comunidades resultan muy acusadas. Más grave aún resulta constatar que dos Comunidades con menor cobertura de Ayudas de Emergencia Social, son además las que han reducido este presupuesto en 2013 en relación con 2012, a pesar del notable incremento de necesidades de subsistencia que se ha registrado y que afecta, de manera muy especial, a esas Comunidades:
Madrid: 4.157993,22 euros en 2012, 2.674.680,05 euros en 2013 (-35,67%)
Murcia: 986.589 euros en 2012, 798.322 euros en 2013 (-19,08%)
Hay que recordar que estas ayudas de emergencia social representan para varios cientos de miles de personas sus únicos ingresos no periódicos. Son por ello imprescindibles para garantizar las necesidades más básicas de subsistencia para todas esas personas; en definitiva, el nivel más básico de protección que el Estado puede ofrecer a sus ciudadanos/as en momentos como los actuales.