La portavoz del Grupo Municipal de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, denuncia la irresponsabilidad del Equipo de Gobierno por el incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas municipales del 2018 ante la Sindicatura de Cuentas.
En la última sesión de Pleno del 2019 se dió cuenta del requerimiento recibido desde este órgano de fiscalización que recordaba al Ayuntamiento el incumplimiento de presentación de las cuentas  y advertía de las posibles consecuencias: la paralización de pagos de subvenciones pendientes de cobro, la apertura de un expediente sancionador y la posibilidad de paralización del cobro el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que nos corresponden. En el escrito, se recuerda la obligación de remitir la Cuenta General de cada ejercicio antes del 1 de octubre del ejercicio siguiente del que se trate, pero parece que esa obligación no va con el gobierno de Carcaixent, pues hace años que se incumple.
Esta circunstancia que hemos advertido en numerosas ocasiones, parece que no les importe ni al alcalde ni al concejal de  Hacienda, pues hace tiempo que se arrastran problemas en el departamento de intervención pero no han hecho nada en cinco años para solucionarlo,  “lamentablemente los perjudicados serán los vecinos de Carcaixent, pues podría verse privado el Ayuntamiento de percibir las subvenciones (de servicios sociales, fomento de empleo, turismo, comercio, emergencia social,  etc.) por parte de la Generalitat Valenciana y que puede suponer mucho dinero para las arcas municipales, además de la sanción que podría imponerse al Ayuntamiento por el incumplimiento”.
Este año, además, se podrían perder las subvenciones, las que se convoquen por las Consellerias antes de la aprobación de la Cuenta General, pues en las solicitudes que se presenten es necesario declarar que se cumplió con el deber de remitir las cuentas del año 2018 a la Sindicatura de Cuentas y según el procedimiento de aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento, esto no se podrá formalizar antes del próximo 30 de enero, todo ello, pese a que se han vulnerado los derechos de los concejales, pues se convocó la Comisión de cuentas y el Pleno para aprobar las cuentas incumpliendo el plazo de quince días de antelación que señala la ley.
Es evidente que la mala gestión está afectando a la economía municipal,  suben los impuestos a los ciudadanos y se están dejando pasar unos ingresos que permitirían, entre otras, la contratación de personal, para Units per Carcaixent  este incumplimiento legal no está justificado, como afirma el concejal de hacienda, por el “volumen de trabajo o la falta de personal del departamento de intervención”, señala Ana Calatayud, para continuar señalando que “es el gobierno quien le tiene que marcar las prioridades de trabajo a los diferentes departamentos, pareciendo claro que entre las prioridades de este gobierno no está cumplir los requisitos que marca la Ley, para entre otros propósitos,  recibir subvenciones de la Generalitat Valenciana.
Paralelamente a esto, hemos conocido en los últimos días que el Ayuntamiento de Carcaixent ha tenido que devolver parte de algunas subvenciones de Servicios Sociales y del Paro Agrario por no justificar la totalidad de los importes concedidos. Hemos contabilizado más de 120.000 euros devueltos de subvenciones y otras en los últimos años que ascienden a más de 60.000 euros que la Consellería ha denegado por errores en la tramitación de los expedientes. También hemos tenido conocimiento de la denegación de una de las subvenciones solicitadas para la Feria Modernista por quedar fuera del baremo.
Como hemos comentado, explica la portavoz de Units per Carcaixent, Carcaixent no podrá optar a las subvenciones de la Generalitat Valenciana para los ayuntamientos mientras no presente la Cuenta General del año 2018 en la Sindicatura de Cuentas, ni cobrar las subvenciones pendientes, subvenciones que se publicitan a bombo y platillo pero lo cierto es que “la política propagandística del gobierno de Carcaixent para ocultar las carencias de su capacidad de gestión, está costándole dinero a todo el vecindario”, finaliza  Calatayud.
Units per Carcaixent recuerda que no solo por imperativo legal hay que presentar las cuentas en plazo, sino también, para dar cumplimiento e información al ciudadano, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, “que lamentablemente este gobierno parece ignorar convirtiendo a Carcaixent en un campeón del oscurantismo y falta de transparencia en la gestión económica, o es que el alcalde tiene miedo a que le fiscalicen las cuentas?”.