La deslocalización también radica en Picassent. El centro penitenciario proporciona mano de obra barata y sin posibilidad de protestar. 14 presos trabajan para Istobal, una empresa que el año pasado ejecutó un ERE y en 2011 ya despidió a 53 empleados.
Los 14 internos que trabajan para la multinacional de piezas para autolavado de vehículos forman parte del módulo 9 de la Unidad de Cumplimiento de la prisión de Picassent. Trabajan de lunes a viernes de 9 a 13.30 y algún que otro sábado, a tres euros la hora. Realizan el montaje de complementos de la empresa: alfombrillas, aspiradores o pequeñas máquinas. Cobran entre 300 y 350 euros al mes. La empresa se ahorra el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la administración. Y todo ello gracias al convenio establecido con la Entidad Estatal de Derecho Público, dependiente de Instituciones Penitenciarias. Rafael Tomás Alfaro, director general de Istobal, reconoce que se inició la línea en 2012 “por una combinación de motivos: para conseguir flexibilidad y porque se trataba de una línea de producción que no era rentable. Teníamos que volver a ser competitivos y con esta medida lo conseguimos”. Pero desmiente el salario que se les aporta: “Es más del doble de los tres euros”. “Entiendo las críticas, pero si no lo hubiéramos hecho así hubiéramos cerrado esa línea, lo que se traduce en una pérdida mayor de puestos de trabajo. Era trasladarla a otro país, como Portugal o Turquía, cerrarla o ir a Picassent”. Leer noticia completa en elpais.com