Manuela Sancho, de 43 años de edad, con una minusvalía reconocida del 53% por una dolencia congénita en los ojos, espera desde hace cerca de dos años una subvención de 10.000 euros. La ayuda de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, tramitada a través del Servef, fue aprobada el 13 de julio de 2011. Se le otorgó en su condición de emprendedora y por ser mujer discapacitada.
La afectada abrió un quiosco en abril del mismo año. Para ello tuvo que recurrir a un crédito bancario. La situación de crisis generalizada también le afecta. A duras penas puede hacer frente a pagos a proveedores y los gastos del establecimiento. Salva la delicada situación una pequeña paga de menos de 600 euros que percibe su marido, prejubilado de la construcción.
Cada quince días llama a la consellería y la respuesta siempre es la misma: "No hay provisión de fondos". Cuenta que está en la lista de espera y que, según les han informado a ella y a su marido, ahora se están pagando este tipo de subvenciones aprobadas en 2010. La ayuda está cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo para la Comunitat Valenciana 2007-2013. Ello la obliga a mantener el negocio abierto un mínimo de tres años o devolver el dinero que todavía no se le ha pagado. Por no cobrar no ha percibido ni los 27 euros concedidos por la Conselleria de Educación por poner el cartel en valenciano, explica el marido José Luís Férez, de 61 años.
"Necesito el dinero, ya no puedo mantener el negocio si no me pagan lo que es mío", se lamenta Manuela. "Confiaba en haber recibido el ingreso hace tiempo", añade antes de confesar que la situación la agobia, ya que "las ganancias en un quiosco son mínimas y los intereses se me están comiendo".
Todo ello contando que el local es de propiedad familiar y no tienen que hacer frente al pago de un alquiler. Pero la luz, el agua y los impuestos son inexcusables.  Eva Melero.  Leer noticia completa en Levante-EMV