La Fiscalía solicita penas que suman diez años de cárcel, dieciséis años de inhabilitación para cargo público y una multa de 10.800 euros para una funcionaria de carrera que ocupaba el puesto de inspectora de obras en el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Turís.
De acuerdo con la calificación del fiscal -datada en enero de este año- a la que ha tenido acceso este periódico, a la empleada pública se le atribuyen los delitos de cohecho y delito continuado de estafa. Además, se le considera inductora de otro de falsedad documental.
La procesada era la encargada de efectuar las visitas y elaborar los informes favorables o no sobre las obras que se edificaban en Turís. A partir de dichos estudios informativos, las autoridades incoaban los expedientes sancionadores.
Los hechos que serán juzgados por un jurado popular se remontan a diciembre de 2009. Entonces, según recoge la instrucción, la acusada realizó una visita a la casa de un vecino de la localidad que había edificado en suelo no urbanizable. De acuerdo con la calificación fiscal, al propietario del inmueble se le abrió un expediente de restauración de la legalidad para derribar la edificación. De hecho, el Ayuntamiento incoó el expediente basándose en el informe que había realizado la funcionaria.
Sin embargo, la acusada visitó al vecino a los pocos días y, según se desprende del escrito de acusación, le dijo que a cambio de 2.500 euros podía conseguirle un certificado de que la vivienda contaba con más de cuatro años de antigüedad y, de acuerdo con la normativa, en tal situación resultaría legalizable.

Inductora de otro delito
Con tal fin, la acusada contrató los servicios de un arquitecto técnico por doscientos euros para que redactara un informe que constatara la antigüedad de la casa. El documento se realizó y la funcionaria se lo hizo llegar al vecino. Ya en junio de 2010, la inspectora realiza un informe en el que propone al Ayuntamiento el archivo del primer expediente sancionador.
A cambio recibió del vecino -que está acusado por la Fiscalía de un delito de cohecho y se le pide un año y medio de prisión y 1.800 euros de multa- un total de 2.500 euros, repartidos en una primera entrega de 1.800 euros, otros 500 al finalizar la «gestión» y los doscientos que la procesada había abonado al arquitecto por el informe. Este último se enfrenta a una petición de dos años de cárcel y 3.600 euros de multa por falsedad en documento público.
El segundo caso que ha sido objeto de investigación se produjo cuando la acusada visitó a un ciudadano alemán al que notificó la apertura de un expediente por la piscina que había construido en su casa. Entonces, le cobró 550 euros de multa y en octubre de 2010, a cambio de solicitar el archivo del expediente, le solicitó 450 euros más.  Leer noticia completa en abc.es