El juicio por prevaricación contra el exalcalde de Corbera se ha celebrado esta mañana en la Audiencia de València

Jordi Vicedo, exalcalde de Corbera, es el actual concejal de Urbanismo del citado Consistorio

Esta mañana en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia se ha celebrado el juicio, que ha sentado en el banquillo al exalcade de Corbera, Jordi Xavier Vicedo y a la secretaria del Ayuntamiento de Corbera, Soledad C. Martínez, acusados por la Fiscalía de los delitos de prevaricación y exacciones ilegales.
A Jordi X. Vicedo, actual concejal de Urbanismo, la Fiscalía pide una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de 15 años y una multa de 12.000 euros. Y, para la secretaria municipal, 12 años de inhabilitación y una multa de 6.750 euros. Ambos están acuados de irregularidades en la concesión de prórrogas de licencias municipales para la explotación de la cantera “Girtal”, de la empresa Canteras y Áridos Llaurí.
El exalcalde, Jordi Xavier Vicedo, denegó de forma contraria a derecho la licencia que la empresa había pedido para concluir la restauración de su explotación minera. Los motivos en los que funda su pronunciamiento son dos, el primero, porque tenían que haber requerido a la empresa para que completase la documentación presentada, apercibiéndola de que de no hacerlo en el plazo conferido se procedería a cancelar y archivar el expediente. Y, el segundo, porque el alcalde no podía denegar de plano la solicitud sin recabar previamente los informes jurídicos y técnicos preceptivos.
Esta es la primera denegación de licencias acordada por el Ayuntamiento de Corbera en el ya largo litigio que mantiene con la empresa que explota la cantera, a la que previamente le había otorgado licencia de obras para restauración tanto en el año 2004, como en 2014 y 2015.
“Espero que esto se resuelva de manera correcta ya que llevamos cuatro años de sufrimiento. Llevo seis peticiones de licencia denegadas y finalmente la justicia me ha dado la razón. Creo que los empresarios no nos merecemos un trato distinto de otros ciudadanos ya que somos los que creamos puestos de trabajo y generamos riqueza”, ha asegurado Ximo Magalló, gerente de Canteras y Áridos Llaurí.

Historia de los hechos
La cantera de la empresa, denominada Girtal, «se explota desde 1986, con la preceptiva autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. Con fecha 29 de julio de 2004, el Ayuntamiento de Corbera concedió licencia de obras inicial, por ocho años, a la explotación minera. Por resolución de Alcaldía el 13 de octubre de 2014 se concede nueva licencia de obras a Áridos Romafe por parte del denunciado, el alcalde del Ayuntamiento de Corbera, hasta abril del año 2015, para proseguir con los trabajos de restauración, ante la imposibilidad de concluir dichos trabajos en el plazo proyectado, dada la conocida situación de crisis económica, que desde el año 2007 venía sufriendo España». En ese tiempo, consta en las actuaciones que se han exigido a la empresa por el Ayuntamiento pagos ilícitos por más de 600.000,00 €.
Con fecha 5 de noviembre de 2015, y por los mismos motivos de contexto económico que concurrían en años anteriores, se dicta nueva Resolución por parte del denunciado, concediendo nueva licencia de obra a Áridos Romafe para continuar con los trabajos de la cantera Girtal, hasta septiembre de 2017.
Una vez que la empresa se negó a seguir pagando las cantidades que pedía el ayuntamiento, para una nueva prórroga de la licencia, por el alcalde se dictó orden de paralización y precinto de la actividad minera, comprometiendo con ello más de veinte puestos de trabajo.
Entre septiembre y diciembre de 2017 por parte del exalcalde, se exigió a la empresa que depositase un aval de 600.000 € ejecutable al primer requerimiento por parte del Ayuntamiento de Corbera, con la obligación de terminar la restauración antes del 30 de marzo de 2019, ya que, en su programa electoral estaba que cerraría la pedrera antes de las elecciones de mayo de 2019. Ante la negativa de la empresa a depositar la cantidad exigida, en diciembre de 2017 se notificó a la empresa la orden de cierre que fue recurrida judicialmente y la justicia condena al Ayuntamiento a anular sus actos por haberse realizado en contra de la ley hasta la fecha de hoy.