Aguilar acusó al anterior gobierno de ser “el peor que ha tenido el Ayuntamiento de Alzira”

En materia de “participación, diálogo, democracia y consenso”, acusándoles de querer instaurar “una 'Ley Mordaza’ a pequeña escala”

En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Alzira del 29 de junio de 2015, en el apartado de ‘Secretaría’, uno de los puntos a tratar era la dación de cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso contencioso administrativo núm 499/ 13, sobre el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Alzira.
En este punto, José Luis Palacios, del PP, calificó de “justicia legal y justicia divina” que esta sentencia declare nulo el artículo 95. Un artículo que no había sido elaborado por el equipo de gobierno del Partido Popular, si no que databa del año 85, en aquel entonces gobernado el Ayuntamiento de Alzira por el PSOE de Francisco Blasco. Palacios tildó de “ironía” el hecho de que “lo que un partido hizo mal en su día, sus sucesores lo impugnan y lo declaran ilegal”, refiriéndose al PSPV-PSOE Alzira.
Por parte del equipo de gobierno, Ivan Martínez, de EU-Alzira, comenzó su intervención acusando al antiguo equipo de gobierno del PP de “no tratar la mayoría de las mociones de la oposición, no faciliar información requerida o no responder a preguntas planteadas”, motivo por el cual, la oposición tomó la decisión de acudir a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sentenció que la forma de plantear las mociones de la oposición era anticonstitucional, tal  como lo hacía el anterior equipo de gobierno. Asimismo, reprochó que el anterior equipo de gobierno, “en lugar de dialogar, ya que era un tema político” recurriera la decisión del TSJCV costándole al erario público 547’24 euros.
Isabel Aguilar, del PSPV-PSOE, acusó al anterior equipo de gobierno de ser “el peor gobierno que ha tenido el Ayuntamiento de Alzira en materia de “participación, diálogo, democracia y consenso”, recriminando que “quisieran hacer una ‘Ley Mordaza’ a pequeña escala”.
Albert Furió, de Compromís per Alzira, señaló que “el objetivo del antiguo equipo de gobierno era silenciar a la oposición”, motivo por el que decidieron acudir a los tribunales para denunciar la situación y que con la sentencia que se trataba en el punto, se demuestra que los tribunales se han mostrado favorables a las demandas presentadas en su día por Diego Gómez, Ivan Martínez e Isabel Aguilar.  
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