El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, hizo entrega el pasado fin de semana al juez instructor José Castro de nueva documentación que involucra directamente a la casa real en el caso. En concreto, la infanta Cristina, el rey Juan Carlos y su amiga aristócrata alemana Corinna Sayn Wittgenstein aparecen mencionados como supuestos conocedores de los negocios del yerno del jefe de Estado.
Asimismo, Torres aseguró en su última declaración que el palacio de La Zarzuela acogió una reunión en la que se cerró la celebración del foro deportivo Valencia Summit. Hace justo diez meses, el juez incorporó a la investigación ocho correos electrónicos aportados por la defensa de Torres en los que el nombre del rey salió a relucir aunque, por el momento, ni aquello ni lo más reciente han tenido ningún tipo de consecuencia.
Pero, ¿y si llega a tenerla? ¿Se puede ver envuelto el rey en un proceso judicial? Él mismo dijo en 2011 en su discurso de Nochebuena que "la justicia es igual para todos", pero la primera y casi la única respuesta válida a la pregunta es que no. Aunque hay matices y explicaciones que hay que tener en cuenta.
Tras la primera tanda de correos aportados por Torres en 2012 el catedrático de Derecho Constitucional en la UNED Antonio Torres del Moral explicó a 20minutos.es que "de ninguna manera" el rey puede ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado. Es la primera consecuencia del artículo 56.3 de la Constitución, que dice que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
En segundo lugar, la no responsabilidad hace que el jefe de Estado tampoco responda políticamente de sus actos. Para eso existe el llamado ‘refrendo’.
“En una democracia no puede haber poderes públicos que sean irresponsables”, pero como el titular de la Corona sí lo es, “hace falta que alguien responda políticamente por él, y ese alguien es el presidente del Gobierno o el ministro que refrende su acto”, según Torres. “Todos los actos del rey, que se refieren al ejercicio del cargo, tienen refrendo”, añadía entonces.
 
El responsable, el presidente
Hay tres formas de ejercer el refrendo: la primera, con una firma, por ejemplo a la hora de sancionar una ley. El presidente del Gobierno firma el documento con el rey y a eso se le da el nombre de "contrafirma". Así, si el rey firma algo inconstitucional o contrario a derecho, el presidente sería responsable.
La segunda, con la ‘presencia’, por ejemplo, en un viaje en el que el rey va acompañado de un ministro, el denominado ‘ministro de jornada’, que se hace responsable ‘de lo que pueda ocurrir’. Por último, existe el llamado refrendo ‘tácito’.
En este caso, según el catedrático, el mensaje de Navidad del rey o la aparición del monarca en televisión el 23 - F se entienden como refrendos tácitos: no hay nadie a su lado y nadie ha firmado por escrito un apoyo a esos actos. El responsable es el presidente del Gobierno, “si no dimite”. “En lo que está pasando actualmente el responsable es el presidente del Gobierno”, apostillaba.
“Si el presidente no está de acuerdo, entonces se plantearía un problema institucional”, dijo. La depuración de responsabilidades políticas respecto al presidente pasaría por ‘una moción de censura, un voto de confianza o por las urnas’. Se dirimiría ante la opinión pública, las Cortes y el electorado.
 
‘El rey no puede hacer mal’
¿Dónde queda entonces la responsabilidad jurídica? “Primero haría falta la comisión de un acto antijurídico”, explicaba Torres. Imaginemos que el rey lo hace; que, hipotéticamente, comete un delito. El presidente del Gobierno es, de nuevo, el responsable político ‘si no dimite’. Pero, ¿quién responde del acto antijurídico? “La respuesta es nadie. Así es”, aseveró Torres.
“Hay un adagio o dicho que procede del constitucionalismo inglés que dice que ‘El rey no puede hacer mal’. Y como no puede hacer mal, no es responsable jurídicamente. Eso es una falacia, sí puede hacer mal, pero no responde porque ningún juez puede citarlo en un banquillo: la justicia se administra en nombre del rey”.
Por tanto, explicaba el catedrático, la responsabilidad del monarca se limitaría al terreno histórico - político y el asunto o problema quedaría arreglado, incluso, con un ‘pacto’ o acuerdo puntual, un cierre en falso. Citó entonces a Isabel II y también a Alfonso XIII, que no cometió ningún acto antijurídico, pero que “se jugó la corona con unas elecciones”; “se fue a Cartagena, ahí cogió un barco y se fue de España”, recordó.
“Cuando las cosas se ponen muy mal, también los reyes responden”, continuó Torres, “pero lo hacen de esta manera, no ante un juez, sino exiliándose, perdiendo la Corona o bien con la proclamación de una república”. En este contexto hay que citar también un concepto que vuelve a estar estos días en boca de todos: la abdicación. “Es otra forma de solucionar el asunto, con todas las comillas posibles, para que la cosa sea menos grave”.
 
Los casos Nixon y Chirac
La abdicación puede ser pactada, algo parecido a lo que ocurrió con el expresidente de EE UU Richard Nixon tras el Watergate: “Se negoció con él para que dimitiera, fuera sustituido por Gerald Ford, se le perdonó y no se le juzgó”, recordaba Torres, matizando que “no es una buena solución, pero se trata de no llevar las cosas al extremo o provocar una crisis nacional”.
Si el rey de España cometiera, hipotéticamente, un acto antijurídico y abdicara, los términos de inviolabilidad e irresponsabilidad no seguirían vigentes ‘jurídicamente’, pero lo normal, hipotéticamente, sería darle una salida ‘pactada’, insistía el catedrático, para evitar una crisis mayor.
En Francia, por ejemplo, no sucedió así con el expresidente de la República Jaques Chirac, condenado en diciembre de 2011 a dos años de prisión, exentos de cumplimiento, por malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida. “En una república se puede hacer, de hecho en Francia el jefe de Estado puede ser procesado por delitos de alta traición. Pero eso en una monarquía es impensable”, aclaró Torres.
En el terreno internacional, la comisión de crímenes contra la humanidad sí haría responder a un jefe de Estado ante la Corte Penal Internacional pero, evidentemente, este no es el caso que nos ocupa.
La autora de este texto es Mirentxu Ariño. Leer noticia completa y ver hilo de debate en su fuente original 20minutos.es.