El Ayuntamiento de Jaén (116.176 habitantes) ha sido uno de los últimos en reconocer formalmente su situación de quiebra técnica. Según los datos de 2013, debe 521 millones de euros, 4.484 euros por cada uno de sus vecinos. La oposición al alcalde, José Enrique Fernández Moya (PP), sostiene que esa cifra puede rondar ahora los 600 millones, el doble del pasivo que tenía hace tres años. Es uno de los casos más sangrantes sobre la errática gestión municipal que han sufrido muchos ciudadanos, aunque, en su conjunto, los 8.116 municipios españoles han sabido ajustarse a las directrices de estabilidad presupuestaria a costa de recortes de servicios y despidos. Desde 2011 hasta enero de este año las entidades locales, incluidas Diputaciones y Cabildos insulares, han prescindido de 86.714 personas, el 13% de su plantilla, que ronda los 560.000 trabajadores. Estas y otras medidas, como el incremento del IBI por la revisión de los valores catastrales, les han permitido sanear sus cuentas y presentar un superávit conjunto del 0,44%. Lo han conseguido gracias a su esfuerzo y a sucesivos planes del Gobierno. El ministro Cristóbal Montoro ha anunciado durante estos últimos tres años un abanico de actuaciones para que algunos los Ayuntamientos no se ahoguen en su propia deuda. Pero Hacienda, a cambio, se ha comportado como una suerte de troika. Según el plan presupuestario de 2015 que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, 2.500 entidades locales, un tercio del total, están sujetas en este momento a planes de ajuste por haberse acogido al Fondo de Pago a Proveedores, un mecanismo que ha transformado su deuda comercial en financiera para hacer frente a las facturas guardadas en el cajón. La inyección para ellos ha sido de 11.000 millones de euros, equivalentes al 25% del gasto municipal español de 2013. Otro centenar de alcaldes se agarraron este año —a la desesperada— a un real decreto de medidas extraordinarias de liquidez para Administraciones en grave situación económica. Ese draconiano plan les facilita condiciones muy favorables para hacer frente a los créditos a cambio de recortes y subidas de impuestos.
Un tercer mecanismo les ha permitido aplazar durante 20 años las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondiente a 2008 y 2009. Sin esta ayuda habrían tenido que devolver al Estado 3.509 millones en 2014. Es la segunda vez que el Gobierno toma esta medida. Al primero de los aplazamientos, anunciado en 2012, se acogieron en 2012 un total de 2.924 Ayuntamientos y Diputaciones a cambio de asumir que cumplirían con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con el límite de deuda pública establecido, y con un periodo de pago medio a sus proveedores que no superase los 30 días. Leer noticia completa en el pais.com