El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se unió este martes al coro de protestas contra la reforma eléctrica en la presentación de los resultados semestrales a analistas. Galán considera que las medidas de dicha reforma obligan a un “reparto no equitativo” para paliar el déficit de tarifa. Según el máximo ejecutivo de la eléctrica, el mayor esfuerzo recae “principalmente sobre los agentes que no han generado el déficit”, en referencia a las renovables y a los Gobiernos sucesivos.
Las expresiones de Sánchez Galán se unen a las que un día antes proclamó el consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF), Rafael Villaseca, quien había arremetido contra la reforma “por injusta” y señalado que la empresa “se siente duramente tratada en este ajuste”. En la misma línea, y en consonancia con la reacción de la patronal sectorial Unesa, se manifestará, con toda seguridad, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, en la presentación de resultados prevista para el próximo miércoles.
Sánchez Galán no sorprendió en sus manifestaciones. Para él, “el cambio normativo pone fin a un largo periodo de incertidumbre y de regulaciones parciales”, pero con un paquete de medidas para eliminar el déficit de tarifa que tiene una serie de “limitaciones”. Avanzó que su empresa va a presentar todo tipo de alegaciones y recomendaciones a las medidas para intentar corregir la reforma “con el objetivo claro de defender a los accionistas” y con la esperanza de que se tengan en cuenta para que sean “justas y razonables”. De no tenerse en cuenta, utilizará todos los medios jurídicos disponibles y emprenderá las acciones que consideren necesarias para garantizar una “justicia retributiva”, al igual que declaró el primer ejecutivo de GNF “en defensa de sus intereses”.
En su intervención, Galán volvió a cargar contra el elevado coste de las energías renovables “inmaduras”, principalmente la solar. Resaltó, en ese punto, que el “principal causante del déficit es el crecimiento exponencial de primas a tecnologías inmaduras que solo aportan el 4% de la energía y encarecen en un 30% el coste de producción del sistema”. Según las cifras que manejan las eléctricas, del total de subvenciones de 2012 (casi 12.000 millones), el 75% fueron para el régimen especial.


No dejó pasar la oportunidad para desbarrar contra “el fuerte incremento de tributos”, como una de las principales consecuencias de que Iberdrola haya reducido los beneficios en el primer semestre de 2013 (ha ganado 1.728 millones, lo que supone un 2% menos que en el mismo periodo anterior). Sobre el dividendo, precisó que “todo hace confiar en la capacidad de la compañía para seguir manteniendo su política de retribución al accionista”, aunque hasta octubre no se decidirá, a la espera de que se tenga “claridad de los impactos”.
Tan duro como Galán fue el director general de Iberdrola, José Luis San Pedro, quien denunció que la reforma “ha penalizado claramente a los consumidores; pero, sobre todo, a las empresas del sector que cargan con una parte desproporcionada de las mismas”. San Pedro afirmó que, “con el único objetivo de atajar el déficit eléctrico, se han tomado medidas con aspectos puramente de ajuste económico aplicados más por criterios de cobertura legal que por racionalidad”, y dejó caer una carga de profundidad al criticar que se haya diseñado la reforma sin la “necesaria colaboración” de los expertos del sector.
Según San Pedro, los dos aspectos más negativos de la normativa son la limitación del 50% de la transferencia de costes regulados de los sistemas extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado (900 millones) y la falta de una guía de una política energética. En este sentido, dijo que el responsable “fundamental” de ese déficit es el Gobierno, y, sin embargo, la aportación del Estado es “muy inferior” a las consecuencias de la “mala política del pasado”. Sobre este aspecto, Villaseca había subrayado que “la mayor parte de los extracostes del sistema son fruto de decisiones políticas ajenas al negocio eléctrico”.
El mecanismo del déficit de tarifa se instauró en 2000 con el PP y se disparó a partir de 2005 con el PSOE y hoy acumula 26.000 millones. Las eléctricas también se quejan de que las empresas tengan que cargar 2.600 millones (1.000, las tradicionales y 1.600, las renovables) de los 4.500 millones que quedan por atajar este año del déficit cuando el año pasado ya cargaron con otros 2.200.
San Pedro denunció, asimismo, que con la limitación a la distribución el Gobierno logrará que “no se invierta en los próximos seis años porque no se encuentran razones para que se aplique en España la mínima remuneración” a los capitales empleados. Añadió que “paralizar la actividad de distribución tanto tiempo puede tener consecuencias nefastas, ya que requerirá mucho tiempo para que de nuevo puedan normalizarse, lo que también incide negativamente en los fabricantes españoles de equipos y servicios”.  Miguel Ángel Noceda.  Leer noticia completa en elpais.com