Interior gasta 12 M. en ampliar el software para pinchar teléfonos que el PP denostó en la oposición

"Ampliación de capacidades y prestaciones de los Sistemas de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones SILDAT de la Policía y GOLF de la Guardia Civil", integrados en el polémico SITEL

De ser objeto de sus críticas mientras estaba en la oposición a recibir millonarias inversiones ahora que está en el Gobierno. El Ministerio del Interior ha aprobado en los últimos meses dos fuertes desembolsos destinados a ampliar los Sistemas de Interceptación legal de las Telecomunicaciones (los conocidos por sus siglas SITEL) que permiten 'pinchar' bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de delincuentes y terroristas.
En abril, adjudicó por el procedimiento de "negociado sin publicidad" un contrato por un valor de 1,3 millones para el servicio de mantenimiento 24 horas al día del SILDAT de la Policía y el GOLF de la Guardia Civil, sistemas integrados en el SITEL y desconocidos para la opinión pública. El segundo es del pasado lunes, y con él, el departamento de Jorge Fernández Díaz destinará 10,6 millones de euros a la "ampliación de capacidades y prestaciones" de los mismos. En total, 11,9 millones de euros. En ambos casos, la empresa adjudicataria ha sido la división de telecomunicaciones de Excem Grupo 1971 SA, la antigua Exportadora Española de Cementos Portland.
La primera de estas adjudicaciones fue firmada el pasado 10 de abril por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En ella, se encargaba a la empresa Excem los "servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual" de SILDAT y GOLF, así como los de "mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones" de los mismos. Aunque en un primer momento el presupuesto era de 2,2 millones, el precio final se redujo a los 1,3 millones, IVA incluido. Un contrato similar ya se había firmado dos años antes, en junio de 2012, aunque en aquella ocasión el importe fue de 1,6 millones de euros. La adjudicataria fue la misma compañía, aunque entonces aún se llamaba Cementos Portland.
El mismo día que se adjudicaba el contrato del 10 de abril pasado, Interior daba la orden de iniciar el expediente para el segundo, el de 10,6 millones de euros. En este caso, la resolución del mismo se alcanzó el pasado lunes, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho documento se detalla que Excem fue la única empresa invitada a participar en el mismo, al amparo de la ley que regula la contratos relacionados con la seguridad nacional.
En este caso, no hubo rebaja en el precio y el presupuesto final presentado por esta compañía se ajustó al céntimo al dinero previsto por Interior como inversión. Un desembolso que servirá para dotar a los sistemas de interceptación legal de las telecomunicaciones de la Policía y la Guardia Civil de nuevo "equipamiento hardware y software y la integración del mismo para la ampliación y actualización" de éstos.

Tachado de ilegal e inconstitucional por el PP
Las fuertes inversiones emprendidas por Interior en dichos sistemas contrasta con los ataques que realizó el PP contra SITEL cuando estuvo en la oposición. Entonces, los 'populares' llegaron a mostrar su sospecha de que el mismo se estaba usando fuera del control judicial para realizar tareas de espionaje político, además de asegurar que su utilización violaba la privacidad de los ciudadanos al ser capaz de almacenar otros muchos datos más allá de las conversaciones. Se refería al DNI del interlocutor, su domicilio, su equipo móvil, localización geográfica de emisor y receptor, tráfico de llamadas, SMS, MMS, correos electrónicos, accesos a Internet e información generada por la navegación. También cuestionó que fueran miembros de la Policía o la Guardia Civil los que seleccionasen qué información llegaba al juzgado que había permitido la escucha y cuál no, y mostraba sus dudas sobre el destino final de los datos descartados. Algunos de sus dirigentes llegaron a tildar el sistema de ilegal e inconstitucional.
Su posición fue fuertemente criticada por el PSOE, entonces en el Gobierno, que le recordó que la decisión de crear SITEL e invertir en ello 10 millones de euros se había producido durante la última legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno y, en concreto, por quien en octubre de 2001 era su ministro del Interior, Mariano Rajoy. De hecho, y aunque se retrasó por problemas técnicos, se puso en marcha en febrero de 2004 en una operación antidroga, con el PP aún en el poder.
La postura de los 'populares' también recibió críticas desde las filas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que consideraron entonces este sistema de interceptación de llamadas y mensajes un importante avance en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Aún hoy, las fuentes policiales consultadas por Vozpópuli destacan su buen rendimiento y su seguridad jurídica: "Ahora sí que es prácticamente imposible que se haga un 'pinchazo' sin control de un juez". Leer noticia completa y seguir hilo de deabate en vozpopuli.com