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Domingo, 26 de junio de 2016

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En Colombia, la violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra habitual, sistemática e invisible

Pese a que afecta a medio millón de colombianas, apenas existen juicios ni condenas


La violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra. Así lo detalló el Centro Nacional de Memoria Histórica, en 2012. Se utiliza para destruir a las mujeres líderes, a las que encabezan movimientos políticos, comunidades indígenas, asociaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, a cualquiera que se enfrente a los paramilitares, las guerrillas o incluso las fuerzas públicas.
Y la violencia sexual contra las mujeres queda impune. Entre 2001 y 2009, 489.687 colombianas padecieron estos ataques dentro del conflicto armado, según un estudio de Oxfam-Intermón y la Casa de la Mujer. La Corte Constitucional seleccionó 183 casos de violencia sexual, los más graves y evidentes, y ordenó a la Fiscalía que los investigara de manera prioritaria. Al cabo de cinco años, este es el resultado: tres sentencias.
La violencia cotidiana es muchísimo más abundante, pero el estudio solo enumera casos relacionados con la guerra: violación, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y regulación de la vida social.
El 82% de las víctimas no los denunciaron, por temor a represalias y por una desconfianza profunda en las instituciones, que no investigan, se resisten a atender estas denuncias, cuestionan a las víctimas y no les proporcionan apoyo. Las que sí dieron el paso ven ahora cómo sus denuncias acumulan telarañas. La Corte Constitucional seleccionó 183 casos de violencia sexual, los más graves y evidentes, y ordenó a la Fiscalía que los investigara de manera prioritaria. Al cabo de cinco años, este es el resultado: tres sentencias.
Estas mujeres luchan ahora contra la impunidad, reclaman sus derechos y son las que de verdad construyen una sociedad de justicia, igualdad y paz.

Luz Marina Bernal, 54 años. Madres de Soacha
Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en la ciudad de Soacha. Ocho meses más tarde, apareció en una fosa común a setecientos kilómetros. A su madre Luz Marina Bernal le dijeron que el chico era jefe de un grupo guerrillero y que había muerto mientras atacaba al Ejército. Pero Leonardo, de 26 años, tenía una discapacidad mental de nacimiento, no sabía leer ni escribir y tenía medio cuerpo paralizado.
Fue uno de los casos que destapó el escándalo de los “falsos positivos”. Miembros del Ejército colombiano engañaban a jóvenes, los trasladaban de un lado a otro del país, los asesinaban y los presentaban vestidos de guerrilleros para simular muertes en combate y conseguir así ascensos y recompensas. Hay denuncias por 4.716 víctimas ejecutadas por las fuerzas públicas de manera extrajudicial en Colombia.
Luz Marina Bernal y otras madres de chicos asesinados de la misma manera formaron el grupo de las diecinueve Madres de Soacha. Exigen juicios, organizan manifestaciones y por ello sufren ataques.
“La impunidad nos enferma, nos mata de tristeza, pero seguimos viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Al denunciar sus casos, conseguimos salvar muchas otras vidas”, dice Luz Marina.
Exigen juicios, organizan manifestaciones, reciben el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos, hacen giras por el mundo denunciando los casos, meten el dedo en llagas muy profundas hasta el corazón del Ejército y el Estado colombiano. Las Madres hacen mucho ruido. Por eso Luz Marina y sus compañeras reciben amenazas de muerte en su propia casa y por eso las vigilan, las persiguen y a veces las atacan por la calle.

Olga Neicy Gómez
Olga Neicy Gómez y sus compañeras vivían un espanto mudo: en una región azotada por el conflicto, las mujeres sufrían una violencia brutal de la que nunca se decía nada. En todas las familias hay algún actor armado, explica Olga, ya sea un guerrillero, un paramilitar, un soldado. Y los ataques y las represalias caen a menudo sobre ellas, como objetivos indirectos pero víctimas en carne viva: violaciones, torturas, asesinatos. "Hemos resistido a la violencia", dice Olga.
De esos crímenes no se hablaba. Por temor a las represalias y por el silencio que se extiende en el caso de la violencia sexual, ejercida por extraños pero también por familiares.
Las militantes de Vamos Mujer rompieron el silencio. Se manifestaron vestidas de negro, organizaron marchas, escribieron comunicados y denunciaron la impunidad de sus agresores. También se reunieron para contar sus casos, para “soltar todo ese dolor represado”, para apoyarse, incluso para poner en marcha proyectos de agricultura, proyectos de una nueva vida más autónoma y más libre.

Ana Secue, líder indígena nasa
Ana Secue fue tres veces gobernadora de la reserva indígena Huellas Caloto, en el valle del Cauca. Los nasas viven en un territorio azotado por los combates entre las guerrillas y el Ejército, plagada de cultivos de coca y marihuana, surcada por las rutas del narcotráfico. En sus tierras se entrelazan todas las violencias de Colombia.
En 2002 los pueblos originarios del valle del Cauca organizaron la asombrosa Guardia Indígena: unos cuerpos de paz, formados por hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, que recorren el territorio para encararse con los combatientes y expulsarlos. Su única arma es un bastón tradicional: el símbolo de la autoridad moral de los indígenas.
"En nuestras tierras no queremos guerrilleros, ni paramilitares ni soldados ni nada", dice Secue; "nos atacan por todas partes”, añade. En medio de atentados, combates y matanzas, los indígenas desarrollaron con éxito unos impresionantes actos de resistencia pacífica. “Ellos tienen bombas y artillería. Nosotros tenemos la rabia y la razón”, dice Secue.
El Seis Doble | Oxfam Intermón



El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
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