El Tribunal Supremo ha aceptado hacerse cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a cinco parlamentarios aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con el informe favorable de la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo ha asumido también la investigación sobre los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso; y de la también exconsejera de Andalucía Mar Moreno, en su calidad de senadora. La resolución declara la competencia del Supremo para la instrucción y en su caso el enjuiciamiento con respecto a estos cinco aforados y abre procedimiento designando instructor al magistrado José Alberto Barreiro, conforme el turno establecido. Respecto a las otras personas no aforadas, la sala acuerda que el procedimiento continúe en el órgano competente. La jueza de Sevilla Mercedes Alaya "preimputó" a los cinco cargos con aforamiento nacional y les otorgó el mismo derecho que los imputados en los procedimientos penales. La Fiscalía del Supremo se mostró partidaria en el dictamen elaborado en colaboración con Anticorrupción con que la competencia sobre su investigación corresponde al alto tribunal.
En su auto, los jueces hacen constar que en este momento procesal le corresponde exclusivamente a la Sala del Supremo verificar si en la exposición motivada que le ha sido reenviada se consignan hechos que, "según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes, o dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas". De lo expuesto en la exposición razonada remitida al Supremo resulta indiciario que en el ámbito de la junta de Andalucía, concretamente desde la Consejeria de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas socio-laborales y ayudas directas a trabajadores, se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de 12 años, que permitía disponer de importantes cantidades de dinero (hasta 855 millones)  para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas". Leer noticia completa yseguir hilo de debate en publico.es