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Domingo, 5 de febrero de 2017

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El real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos no frenará la pobreza energética

FACUA considera una irresponsabilidad que se posponga a la primavera la prohibición de cortar la luz a familias sin recursos


FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos que se convalida este martes no aporta ninguna medida que frene la pobreza energética. Se trata, denuncia la asociación, de una norma carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo.
Ni siquiera la brutal subida de la luz este enero ha provocado cambios en el plan del Gobierno, critica FACUA, que también considera de una grave irresponsabilidad que se posponga a la primavera la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos.
La asociación denuncia la opacidad con la que el Gobierno y el principal partido de la oposición vienen negociando las medidas y advierte de que no hay ninguna garantía de que el real decreto-ley siente las bases para "el principio del fin de la pobreza energética", como anunció el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, el pasado diciembre.
 
Sin diálogo con la sociedad civil
El real decreto-ley simplemente plantea que a partir de ahora sean todas las comercializadoras eléctricas las que financien el bono social. Y es que la norma sólo responde a la imposición planteada por la reciente sentencia del Supremo de modificar su sistema de financiación, critica FACUA, que denuncia la negativa del Gobierno a dialogar sobre las características y destinatarios de esta tarifa con las organizaciones de la sociedad civil.
En materia de política energética, el Gobierno sólo negocia con las eléctricas y el PSOE, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue negándose a recibir a los movimientos ciudadanos, denuncia FACUA.
El bono social representa un ridículo descuento ridículo del 25% en las facturas de un reducidísimo porcentaje de usuarios, señala la asociación, que muestra su preocupación ante la posibilidad de que el futuro bono social continúe sin representar una tarifa verdaderamente asequible orientada a las familias con pocos recursos económicos.
En relación a los cortes de luz, el real decreto-ley se limita a plantear que se prohibirán, en determinados casos, a través de un futuro desarrollo reglamentario, por lo que el Gobierno elude su capacidad de paralizarlos de manera inmediata. Al igual que con el bono social, la norma tampoco sienta las bases de qué nivel de pobreza debería sufrir el usuario para poder impedirse el corte de luz por impago.
Además, el real decreto-ley no deja claro si serán las eléctricas las que asuman los costes de las facturas impagadas por las familias protegidas por la prohibición de los cortes de luz o, como pretenden las compañías, se trasladará esta responsabilidad a ayuntamientos y comunidades autónomas.
El Seis Doble | Facua


 
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