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Pretender que 190 €/mes para una persona dependiente suponga una financiación suficiente es una burla

El Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia no cumple con sus compromisos

La inmensa mayoría de los Partidos del arco Parlamentario con motivo de 10º aniversario de la Ley, firmaron hace un año el Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia promovido por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cinco eran los compromisos concretos de ese Pacto de Estado
- Revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los R. Decretos de 2012.
- Acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años.
- Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA
- No acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la aprobación de esta ley.
- Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado.

El Gobierno de España incumple con una ley fundamentada en el artículo 149 de la Constitución
Consideramos que la Atención a la Dependencia tiene carácter estratégico en las políticas de Estado, tanto por su contenido prestacional, que afecta a necesidades básicas de más de 1,3 millones de personas y de quienes con ellas conviven, como por su incidencia en el empleo y en la generación de riqueza. Si plenamente constitucional fue la utilización del artículo 149.1.1ª C.E. para la implantación de un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía (autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia), el Estado es así mismo responsable único de garantizar los mínimos necesarios para su desarrollo, lo que conlleva una financiación adecuada y suficiente. Lo contrario es un flagrante incumplimiento de los compromisos adoptados en las Cortes Generales en forma de Ley estatal.
Respecto a la financiación y al gasto, estimamos que el sistema durante el primer semestre del año ha supuesto un gasto global de 3.700 millones de euros, es decir, tan solo 86 millones más que en el semestre anterior. La asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones públicas.
Lo más penoso del asunto de la financiación es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el famoso RD-Ley de 13 de julio de 2012). En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 pactó con Ciudadanos incrementar la partida del Nivel Mínimo en 100 millones de euros (sobre el presupuesto inicial de 2016) hasta llegar a un total de 1.262,2 millones de euros.
Ya hemos explicado tanto a Ciudadanos como al resto de Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la inutilidad de estos “incrementos” en los PGE si no se modificaban las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. Pues bien, ¡existe la posibilidad real de que no llegue a gastarse la financiación estatal comprometida convirtiendo el pacto presupuestario en vergonzoso! ¡Mientras fallecen personas con dependencia antes de recibir los servicios a los que tenían derecho resulta que a la AGE le podría sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE!
La aportación estatal al sistema se ha ido reduciendo paulatinamente, de manera que el propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados.
La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las Comunidades Autónomas. Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.
El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CC.AA., y solo 1.453 €, por el Gobierno central.

El nivel mínimo de financiación para la dependencia se mantiene recortado y es claramente insuficiente
Por otra parte, la estimación que hacemos del gasto estatal por el nivel mínimo en el primer semestre de 2017 es de 587 millones de euros. Esto supone que (si no se incrementa el mínimo estatal), considerando la pérdida de Grados III y II y el avance de los Grado I, el nivel mínimo devengado a final de año esté –con un cálculo optimista- en torno a los 1.180 millones de euros (80 millones por debajo de lo presupuestado en los PGE).
A este respecto se ha expuesto públicamente un nuevo Decreto del Gobierno sobre Nivel Mínimo de Dependencia que está pendiente de aprobación y que –salvo carácter retroactivo- no garantizará la ejecución del presupuesto 2017. El Decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, recogería nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. En cualquier caso, pretender que 190 €/mes para una persona dependiente con Grado III atendida en una residencia o en un centro de día, es una financiación suficiente que garantiza la atención es una burla. Si la administración autonómica aportase otro tanto y el ciudadano aportase un copago del 20% (95 €), se supone que el coste asumible sería de 475 €/mes. Una quimera si se considera el coste de dichos servicios.

De aprobarse el incremento de cuantías solo reduciría la lista de espera en un 3%
Celebramos el reconocimiento de la AGE de que el sistema está infradotado en el nivel que es de su responsabilidad (informe de la Comisión para el análisis de la situación del SAAD auspiciada por la Conferencia de Presidentes), pero cuando las “migajas” de subida coinciden exactamente con lo mínimo imprescindible para cumplir con la ejecución presupuestaria, sin que haya al menos un CALENDARIO DE COMPROMISOS DE SUPRESIÓN DE LOS RECORTES, nos tememos que el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones a grados I (más baratas) y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.
Mientras tanto, en España fallecen cada día 100 personas en situación de dependencia sin recibir la prestación o servicio a los que tienen derecho.
Actualmente 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”. Actualmente, casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 124.600. En lo que va de año ha aumentado en más de cuatro mil la desatención de los Dependientes más vulnerables (Grandes Dependientes y Dependientes Severos) El derecho subjetivo a recibir atenciones contenido en la Ley 39/2006 se viene conculcando sistemáticamente y además afecta a personas en todos los grados de dependencia y no solo a los últimos incorporados.
Pero la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.
Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, es plausible estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación pueden convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.

Transparencia e información
Sin datos fiables y actualizados, se está vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía, e incumpliendo todos los compromisos de trasparencia en la acción de gobierno. Al mismo tiempo, es una limitación importante para planificar con racionalidad el Sistema
Hay que insistir en el déficit democrático y de racionalidad que supone que en pleno siglo XX, un país miembro de la Unión Europea no sea capaz de ofrecer información estadística fiable y actualizada. No dejaremos de exigir que se supere esta situación, como se explicita en el Pacto de Estado.

El Seis Doble | Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

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