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Lunes, 22 de diciembre de 2014

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El juez Castro manda al banquillo a la infanta Cristina

Considera a la infanta "cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública". El juez le impone una fianza de 2.697.150 euros


El juez Castro ha dictado apertura de juicio oral en el caso Nóos en un auto de 150 páginas que considera a la infanta "cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública". El juez le impone una fianza de 2.697.150 euros. Como ya adelantó Vozpópuli, el magistrado publica el auto a 48 horas del discurso del rey. El juez del caso Nóos ha decidido mandar a la infanta al banquillo acusada por colaborar en dos delitos de fraude fiscal a 48 horas de que el nuevo rey pronuncie su discurso de Navidad, tal y como adelantó Vozpópuli la pasada semana. El magistrado la considera cooperadora de los delitos cometidos por Iñaki Urdangarin en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado. El magistrado la considera responsable "hechos supuestamente delictivos, en concepto de cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública" y establece que "sólo subsidiariamente, para el supuesto de que no prosperase la anterior acusación, cabría su declaración como partícipe a título lucrativo de los delitos contra la Hacienda Pública, siendo compatible tal participación a título lucrativo respecto de los demás supuestos delitos cometidos por Don Iñaki Urdangarín Liebaert de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".
El juez le impone una fianza de 2.697.150 euros "bajo apercibimiento de que, de no hacerlo  en el plazo de veinte días, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir las sumas fijadas". Contra esa  resolución no cabe recurso  alguno pudiendo --añade Castro-- "los interesados reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas".
Castro desestima de facto la llamada "doctrina Botín" que establece que no puede haber cargos si no hay un acusador particular perjudicada, una acusación que en este caso correspondería ejercer a Hacienda. Castro considera que esa doctrina no rige en este caso puesto que el fraude fiscal no deja sólo un daño particular a la Agencia Tributaria sino que daña el interés general. Por ese motivo, el magistrado entiende legitimada la acusación popular y, por tanto, sostiene los cargos contra la hermana del rey. Leer noticia completa en vozpopuli.com
El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
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