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 28/04/2014

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Cuatro donantes de la caja b hicieron casi todo su negocio con Gobiernos del PP

La policía informa al juez de la relación de las constructoras con la Administración


La mayoría de las empresas que figuran como donantes ilegales en la contabilidad b del PP encontraron en las adjudicaciones de las Administraciones dirigidas por los populares una buena parte de su negocio. Así lo refleja el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el análisis de los contratos a los que accedieron, de la mano del PP y entre 2004 y 2009, los empresarios imputados en el caso Bárcenas y su comparativa con el total de las adjudicaciones públicas que lograron, independientemente del color de la Administración que se las concedió.
El informe destaca que para la cuarta parte de las 16 empresas investigadas, las adjudicaciones de gobernantes del PP supusieron más del 50% del capital que obtuvieron de la Administración. En dos de los casos, más de ocho de cada 10 euros que ingresaron las mercantiles procedían de gobiernos populares. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que instruye el caso, tiene ya sobre la mesa las peculiaridades de facturación de estas empresas que, en algunos casos, vivían básicamente de las obras que les daban Administraciones del PP en una época en la que el tsunami popular aún no había teñido de azul la mayoría de España, ya que el PSOE ganó las elecciones generales en 2004 y todavía gobernaba en Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía, Cataluña y Baleares.
El caso más llamativo es el de Aldesa. Las sociedades de este grupo mercantil recibieron un total de 182 contratos por parte de las Administraciones, lo que le supuso unos ingresos de más de 2.000 millones de euros. El 77% por ciento de estos fueron firmados con Gobiernos del PP, porcentaje que se eleva a casi el 91% si se tiene en cuenta el capital adjudicado. Aldesa aparece hasta en 11 ocasiones en los papeles de Bárcenas, en los años 2002 y 2003. A lo largo de estos dos ejercicios donó, según la contabilidad de la caja b, 282.000 euros. En ambos ejercicios todas las adjudicaciones públicas procedían de Gobiernos liderados por el PP.
El análisis policial tenía como objetivo apoyar o rebatir las acusaciones de cohecho que recaen sobre los empresarios que entregaron donaciones ilegales al PP, tal como figura en la contabilidad manuscrita de la caja b elaborada por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. La conclusión es que “no es posible establecer con la información de la que se dispone en estos momentos puesto que se precisan un conjunto de elementos cuantitativos, subjetivos y temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica a partir de los mismos”. Es decir, con la documentación con la que cuenta, la policía no puede señalar que existiera cohecho: que las donaciones al PP estén vinculadas a las adjudicaciones que luego recibían estas empresas. Pero tampoco dispone de toda la información que le permita descartar rotundamente que exista.
“Álvaro Lapuerta dejaba muy claro que la cantidad que se recibía no llevaba aparejada ninguna contraprestación”, declaró Bárcenas ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio del año pasado al ser preguntado por las donaciones ilegales. Ese día el extesorero del PP admitió que si se trataba de un empresario “que nos ayuda”, se le recibía. “Es una persona que nos ayuda. No tengo el menor interés en el tema que te va a plantear, lo único que quiero es quedar bien, que le invites a tomar un café, que seas amable con él y nada, absolutamente nada más”, dijo el extesorero.
Aun así, la policía expone, en cada ocasión en la que habla de una de las donaciones, los procesos electorales que se celebraron en cada uno de los años en los que se efectuaron las entregas de dinero al PP.
En el caso de Licuas, 1.156 de las 1.405 adjudicaciones que logró procedían de Administraciones en manos del PP, es decir, en número de contratos, el 82,28% procedía de los populares. Del análisis del montante adjudicado, la policía concluye que el 84,55% del dinero que le llegó de la Administración fue otorgado por el PP hasta alcanzar los cerca de 370 millones de euros.
En la contabilidad de Bárcenas se registra una entrada atribuida a esta empresa, en junio de 2004, por un importe de 60.000 euros. “En este periodo de tiempo se desarrollaron las elecciones generales a la Junta de Andalucía y las elecciones al Parlamento Europeo”, señala la policía. La autora de este texto es María Fabra. Leer noticia completa y ver hilo de debate en elpais.com.
 
El Sis Doble no corregeix els escrits que rep. La reproducció d'aquest text és literal; fidel a les paraules, redacció , ortografia i sentit de l'autor/s
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