El pasado octubre, los Inspectores de Hacienda, reunidos en su XXIV Congreso anual, emitieron un documento bajo el título “El grave problema de la corrupción en España”. En el mismo se analiza la percepción y cuantificación del fenómeno de la corrupción en nuestro país, se señalan las causas que la provocan y se realizan 34 propuestas para solucionarla. Pero, ¿qué entienden por corrupción los autores del documento? Literalmente, los Inspectores definen la corrupción política como “el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada”. Y más adelante, detallan de forma más minuciosa cuáles son los delitos que se encontrarían incluidos en el referido concepto: receptación y blanqueo de capitales, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Como vemos, una amalgama de tipos delictivos que abarcan tanto a funcionarios y cargos públicos como a personas físicas y jurídicas del ámbito privado.
A juicio de los Inspectores de Hacienda, junto a causas sociológicas (sensación de impunidad del corrupto y la ausencia de una política de concienciación social de los efectos negativos que provocan la corrupción y el fraude), hay otras organizativas y legislativas que facilitan el fenómeno de la corrupción. Entre éstas últimas, junto a la falta de un marco normativo y organizativo de lucha contra los delitos económicos, destaca la pluralidad de órganos con competencias en la materia que no se coordinan o lo hacen de forma poco eficaz. Se mencionan, a título de ejemplo, la Comisaría General de la Policía Nacional y la UDEF, la Dirección General Adjunta de la Guardia Civil y la UCO, el Ministerio fiscal, el SEPBLAC (Servicio ejecutivo de la Comisión para la prevención del blanqueo de capitales) y la Oficina Nacional de Investigación del fraude y la Dirección adjunta de Vigilancia Aduanera, ambas de la AEAT.En cuanto a las propuestas, es fácil destacar cuáles son las dos ideas principales que laten en todas ellas. De una parte, los firmantes del texto entienden que el sistema está diseñado para controlar al sujeto cumplidor con todas las obligaciones tributarias y el corrupto se beneficia de ello. De ahí que propugnen un sistema distinto, y por tanto, agravado, para tratarlo. Por otro lado, reclaman más competencias para los que más saben en el tema, esto es, los propios inspectores, ya que entienden que no basta su función como meros (sic) auxiliares judiciales o peritos. Leer noticia completa en eldiario.es