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Sábado, 14 de octubre de 2017

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La última genialidad del Ministerio de Industria: yo invito, los servicios sociales pagan

El bono social podría costar más de 300 millones de euros anuales a las administraciones


El gobierno aprueba un Real Decreto que regula el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo.
Obtendrán descuentos del 25% en su factura quienes estén en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera “vulnerabilidad severa”. Esta se mide en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias (por ejemplo familias numerosas o familias compuestas por pensionistas).
La auténtica genialidad del Ministerio y de las eléctricas consiste en que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa… ¡si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura!
Es una operación tan magníficamente tramada que en la Memoria Justificativa del Real Decreto (pág 15), en el apartado 2º, de implicaciones económicas y presupuestarias, se indica textualmente:
d) Impacto presupuestario:
El coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias. 
Un primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de la medida nos lleva a estimar que -con toda seguridad- serán más de 900.000 familias las que entrarían en el rango de vulnerabilidad severa ya que sus ingresos son inferiores a la mediana de renta del primer decil por unidades de consumo, lo que las sitúa por debajo de los umbrales del Real Decreto.
El proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro. Resultado: el Sr. Álvaro Nadal se hace una foto preciosa gracias a su “sensibilidad”, las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de 8 millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda, además de verse obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que “activarán” estos servicios públicos cuando estimen oportuno.
Es cierto que no todas las familias potenciales incurrirán en impago. El propio Ministerio calcula para todo el bono social eléctrico una penosa “tasa de aceptación” del 45%. Pero en cuanto se corra la voz entre las economías más castigadas, se producirá una insana e insegura invitación a dejar de pagar. Para estas familias las opciones son: pagar cada mes la factura de la luz con un 40% de descuento o no pagar nada y que lo asuman los servicios sociales. Alguien en el Gobierno sigue pensando que el pobre es tonto. O que lo son el 55% de ellos. Pues créannos; no es así.
La medida posee lagunas y efectos perversos entre los que señalamos:

- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.
- Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia de forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 millones de euros (Plan Concertado). Ayuntamientos y comunidades gastan en esta materia unos 3.500 millones de euros sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es baladí.
- Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección (posiblemente más inteligentes) gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.
- Se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales (ya exhaustos porque durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos).
- La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la “vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es oportuno y además, el mecanismo de gestión propuesto (pendiente de más desarrollo) puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos.
- Es una norma antipedagógica y paternalista. Cuando los servicios sociales atienden estas situaciones (ya lo hacen en muchos casos) son muy conscientes de que es la familia la que debe responsabilizarse de sus pagos aunque la procedencia de los fondos sea pública (como lo es para cualquier pensionista o parado que cobre una prestación). Asumir la obligación de pago directo desde la administración no es buen camino.
- Es muy parcial en su protección (¿y el gas? ¿no podemos cortar la luz pero sí el gas?).
- Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.
- Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido (sobre esto ya hay estudios). Si tengo calefacción no eléctrica (gas/gasóleo/pellets…) y puedo mantener el suministro eléctrico sin pagar… adquiriré -como sea- calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética…
- Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la “culpa” de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones.
- Algunos de los voluntariosos demagogos militantes de la pobreza con apellidos (energética, infantil, hipotecaria, alimentaria…) generan presiones políticas parciales que inducen respuestas fragmentadas, absurdas y desinformadas. La pobreza es un fenómeno más global y complejo que todo eso y es urgente abordar en España el debate de cómo asegurar -por dignidad, no por caridad- que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse y más en un contexto en el que el trabajo ya no garantiza el proyecto vital. Y esta cuestión no atañe únicamente a los Servicios Sociales.
Los profesionales de servicios sociales estamos hartos de que un Ministerio como Industria defina “vulnerabilidad” o de que el de Economía defina “riesgo de exclusión” (véase el Código de Buenas Prácticas Bancarias). ¿Se imaginan que ocurriría si el Ministerio de Defensa definiera la enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hiciera indicaciones sobre su tratamiento al personal sanitario?
Tómense en serio estas cosas por favor. Tómennos en serio. Tomen en serio a la ciudadanía y analicen el asunto desde la óptica de los derechos fundamentales.
 
Hogares potenciales en situación de “vulnerabilidad severa” en España
Es muy difícil establecer estimaciones sobre el número de hogares potenciales ya que se trataría de aislar en primera instancia los hogares en función de renta disponible y composición (existencia de menores).
Los límites de renta establecidos son:
IPREM mensual = 537,84 euros en proyecto de Ley PGE 2017; IPREM anual (12 meses) = 6.454,03 euros en proyecto de Ley PGE 2017.
 

 
Se consideran también circunstancias especiales en las que los umbrales para la vulnerabilidad se incrementan (discapacidad superior al 33%, víctimas de violencia machista, víctimas de terrorismo)
Es fácil comprobar que todos los hogares que estén por debajo de la mediana renta del primer decil en España no alcanzarían los umbrales establecidos:
 

Por lo tanto, con total seguridad, al menos la mitad de las familias que están en el primer decil de renta serían acreedores de la condición de vulnerabilidad severa (es decir, suministro esencial si no abonan sus facturas).
A estos habría que añadir otros que cumplen otras condiciones o quienes no llegan al umbral del Real Decreto, aun superando la mediana del primer decil o estando en el segundo decil y todos aquellos hogares con circunstancias especiales (discapacidad y víctimas) para los que los umbrales se elevan.
Una vez se demuestra que al menos la mitad de los hogares del primer decil de renta son vulnerables severos, la siguiente operación consiste en estimar el número de hogares que se halla en ese tramo de renta y su distribución por comunidad autónoma:
 

 
Posteriormente hemos calculado los importes del 50% de la factura (anual) en dos escenarios. Uno con una media de 52,00€/mes de factura (total sin descuentos) y otro con una media de 60,00 €/mes. El importe, final (286 o 330 millones de euros) es un importe máximo para una tasa de aceptación del 100% en las familias de ese tramo y para un impago masivo.
No obstante, no hay que descartar que –con el paso del tiempo y si se pusiera en marcha el sistema- la tasa de aceptación será creciente y el incentivo a asumir el pago del consumo propio será menor.
El Seis Doble | Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales



 
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El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
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