El nivel de complejidad técnica que atraviesa el caso ERE echa para atrás a muchos lectores. Sin embargo, es indudable que su trascendencia aumenta a cada paso que la juez Mercedes Alaya acomete. Después de tres años, la magistrada ha señalado a dos expresidentes y cinco exconsejeros de la Junta, imputado a 20 altos cargos y otras 124 personas entre empresarios, sindicalistas, abogados e intrusos que comieron de la tarta de los ERE sin estar invitados. Y como las preguntas para comprender tantas conductas dudosas, irregulares o ilegales se acumulan, son necesarias respuestas que aclaren tal embrollo. Estos meses Alaya está centrada en el diseño y la financiación del fondo, aunque sin descuidar las medidas e interrogatorios de algunos intrusos y sindicalistas. Y su tesis pasa por que la cúpula del Gobierno andaluz se confabuló para establecer un sistema que permitiera dar subvenciones al margen de los controles de la Intervención General. Es decir, tras las pegas de los interventores a ciertas ayudas millonarias, el Ejecutivo decidió que la mejor manera de evitarlas debía pasar por un sistema nuevo cuyo control previo fuera imposible, según Alaya. La Junta ha negado la mayor y responde que las pruebas de ese contubernio para saltarse la fiscalización previa son inexistentes. Pero sobre todo se apoya —junto a algunas defensas— en que el sistema empleado se incluía cada año en la Ley de Presupuestos, aprobada por el Parlamento, lo que la convertía en ley e imposibilitaba su ilegalidad.
El meollo de la argumentación de Alaya es el uso de las transferencias de financiación, ya que se destinaron para dar subvenciones a empresas en vez de para cubrir las pérdidas de la agencia Idea [antes IFA], el destino que establece la ley. El problema, como siempre, es que en Derecho todo es interpretable y el combate jurídico se resolverá en el Tribunal Supremo porque apenas se ha aclarado el campo de batalla. Alaya debe aún depurar sus tesis, la Fiscalía Anticorrupción decantarse sobre el diseño del fondo, y las acusaciones y defensas perfilar sus matices. Según Alaya, la Junta trazó este diseño a espaldas del Parlamento, que desconocía la letra pequeña de este uso de las transferencias de financiación. Aún así, recientemente ha pedido investigar si los diputados que formaron la Comisión de Economía y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, para aclarar el alcance de su conocimiento. Esta iniciativa surgió tras plantear una defensa el conocimiento generalizado del fondo. Su idea era sencilla: es imposible que el procedimiento para los ERE se gestara en secreto si año tras año lo conocieron el Parlamento, la Cámara de Cuentas, la Intervención y numerosos altos cargos en las consejerías de Empleo y Economía y Hacienda. Leer noticia completa en elpais.com