El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha formalizado hoy en la sede de la corporación provincial un convenio de colaboración con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Antonio Llácer, y con su homólogo de Sueca, Joan Maria Tamarit, por el que ambas entidades prestarán servicios de mediación, asesoramiento y negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda a los afectados por los desahucios en 36 municipios de la provincia.
Se beneficiarán de este servicio los vecinos de Alberic, Alcàntera de Xúquer, Algemesí, Alzira, Antella, Beneixida, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Cotes, l’Ènova, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Massalavés, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joan de l’Ènova, Sellent, Senyera, Sumacárcer, Tous, Villanueva de Castellón, Albalat de la Ribera, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Simat de la Valldigna, Sollana, Sueca y Tavernes de la Valldigna.
Esta iniciativa, financiada por la Diputación con 14.562 euros este año, “intentará paliar los efectos que están generando las ejecuciones hipotecarias ofreciendo asesoramiento a la ciudadanía en caso de vivienda habitual”, ha declarado el decano del colegio de Abogados de Alzira.
“Estudiaremos en qué situación se encuentran las hipotecas y mediaremos con las entidades bancarias y con los ciudadanos para evitar los desahucios que se están dado actualmente de forma injustificada por la Ley Hipotecaria”, señala.
En esa línea, el decano informa de que el acuerdo, que comienza el 1 de abril y finalizará el 31 de diciembre, es “muy positivo”, puesto que “en el partido judicial de Alzira hay unas 100.000 ejecuciones hipotecarias, y un 25% de las cuales son en torno a primeras viviendas”. 
El responsable del Colegio de Abogados de Alzira considera que se trata de un servicio muy beneficioso para la población que debería haberse ideado antes: “El Partido Popular y el Partido Socialista tenían que haber sido valientes y haber ejecutado esta iniciativa con más antelación previendo los efectos catastróficos que iban a producirse en torno a la vivienda habitual”, dijo.

Lenguaje jurídico para el ciudadano
Por último, el decano explica que los beneficiarios “se van a enterar de lo que han firmado, en qué situación se encuentran, cuáles son los intereses de demora o qué es una dación en pago”, y considera que lo primordial es “bajar el lenguaje jurídico a nivel del ciudadano para que lo entienda”.
El responsable del Colegio de Abogados de Sueca también se ha mostrado optimista con esta iniciativa que “pretende dar solución a un problema que por desgracia está tan de moda actualmente, como es el impago de las cuotas de los préstamos hipotecarios destinados a la compra de una vivienda”.
“Este convenio es muy necesario y debería ser un ejemplo para las demás instituciones públicas por su gran sensibilidad social”, ha afirmado Tamarit, al explicar que “nos dirigimos exclusivamente a un sector de la población que está padeciendo y no tiene recursos suficientes para contratar a un asesor”.

Prestación del servicio
Con esta iniciativa, el mediador pondrá a disposición de las partes las técnicas y la información necesaria para que puedan alcanzar acuerdos totales o parciales, evitando así que necesariamente hayan de dejar en manos de la autoridad judicial la solución total o parcial de sus conflictos.
La atención personal a los usuarios de los servicios se hará en la sede colegial un mínimo de dos mañanas y un máximo de cuatro cada mes, de 9 a 14 horas, en función del número de peticiones.
Los interesados podrán solicitar la prestación de este servicio por escrito en el ayuntamiento del municipio donde está radicada la vivienda. Una vez recibida la instancia, el gobierno local la remitirá al colegio de abogados o, en su caso, a las sedes de los partidos judiciales.