Los contratistas recurren el contrato del tramo de Almussafes del corredor

Los empresarios acuden ante la Audiencia Nacional al considerar que los pliegos de los contratos contienen cláusulas abusivas

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a instancias de las asociaciones de contratistas valencianas que la integran, ha decidido interponer un recurso contra otro tramo del corredor mediterráneo. Se trata del tramo entre Fuente de San Luis y Almussafes, que fue el último licitado hasta el momento y que permitirá mejorar las conexiones de la factoría Ford.
El motivo de la impugnación de los pliegos es el mismo que el empleado para el tramo del corredor Valencia Norte-Sagunto: la inclusión por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de una bonificación de 15 puntos si el contratista renuncia de forma expresa y voluntaria a la revisión de los precios, que es una actualización del coste total de la obra a partir del primer año de su adjudicación.
Para el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV), Manuel Miñés, «es un fraude de ley y una desviación de poder la inclusión de la renuncia voluntaria». A su juicio, «Adif, por imposición del Ministerio de Hacienda, aplica una ingeniería jurídica en su pliego y posterior valoración de la ejecución de obra que es fraude de ley».
En la misma línea se manifestó el presidente de la Federación Valenciana de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Fecoval), José Luis Santa Isabel, quien lamentó la proliferación de este tipo de condiciones en los contratos de las administraciones. «Son un ataque a la seguridad jurídica de este país, a la ley y a los derechos de las empresas», afirmó. Asimismo recordó otro «abuso de poder», ya que las administraciones obligan a los contratistas a renunciar a los intereses de demora cuando cobran la deuda pendiente.
Miñés y Santa Isabel coincidieron en destacar que los empresarios valencianos no persiguen paralizar las obras del tercer carril del corredor, sino defender una revisión que está recogida en la Ley de Contratos del Sector Público y en la normativa europea.
Tras la formalización del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, podrían transcurrir entre dos o tres meses antes de tener una pronunciación. Si el fallo es positivo para los contratistas, Adif debería elaborar otro pliego. En el caso de que las obras estuvieran ya en marcha (el recurso no paraliza los trabajos), el adjudicatario tendría derecho a la revisión aunque hubiera renunciado a ella y el resto de empresas podrían reclamar daños y perjuicios a la Administración central.  Isabel Domingo.  Leer noticia completa  en Las Provincias