El Gobierno de España recibirá a final de este mismo mes una notificación de la Unión Europea, a través de la dirección general competente en ayudas y subvenciones, para que devuelva unos 120 millones de euros recibidos en los últimos años para obras de mejora y ahorro de agua en toda la cuenca, incluido el controvertido trasvase Júcar-Vinalopó. El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez Espinosa, advirtió de esta problemática que se cierne sobre los regantes alicantinos y valencianos en próximas fechas de concretarse esta demanda.
Andrés Martínez Espinosa, que asistió a la creación de la comisión técnica de la Mesa del Agua de la Diputación el pasado miércoles por la mañana, participó al mediodía en el almuerzo y junta directiva de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, que tuvo lugar en su localidad natal, Villena.
Los empresarios querían conocer las últimas novedades sobre el debate del agua y, más en concreto, qué ocurre con el polémico trasvase Júcar-Vinalopó, iniciado hace una década y cuyo funcionamiento se halla totalmente bloqueado por falta de convenio entre Administración y usuarios y, además, por la rotura imprevista de la balsa de San Diego, en Villena, cuyas obras se dilatarán durante varios meses para reparar las filtraciones que obligaron a su vaciado.
Martínez Espinosa realizó una larga intervención en la que alertó de que, «frente a las decisiones e intereses políticos concretos, falta una base jurídica que está obsoleta y que no se ha renovado, pese a que las directivas europeas así lo establecen desde el año 2009». Se refiere a que, mientras el plan de cuenca del Tajo (que también genera polémica por el aumento de la reserva estratégica y su efecto en el trasvase al Segura) y el del Segura (pendiente de información pública pero ya elaborado técnicamente), el del Júcar todavía no se ha elaborado.
El líder de los regantes de la provincia, que abanderó en el 2005 una dura campaña contra el Gobierno central por el sorpresivo cambio de toma desde la construida ya en Cortes de Pallás, en el curso medio, hasta el Azud de la Marquesa, en la desembocadura, en Cullera, está convencido, como ayer ratificó a este diario, de que llegará la denuncia a finales de este mes, según fuentes de altos funcionarios del Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. ¿Por qué?. Por el incumplimiento flagrante de la aprobación del plan hídrico del Júcar, con cinco años de retraso y paralizado por diversas controversias, y por el bloqueo sistemático del trasvase al Vinalopó.
En realidad, Martínez Espinosa cree que el Gobierno de Bruselas podría hacerle devolver al Gobierno de Madrid los 400 millones de euros invertidos en la tubería entre Cullera y los Alhorines, en Villena, así como las canalizaciones realizadas por la Conselleria de Agricultura en obras de regulación del postrasvase en la margen izquierda y derecha del río Vinalopó.  Leer noticia completa en laverdad.es