La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia acaba de reiterar la existencia de indicios de delito, cometidos presuntamente por del ex alcalde de Corbera, Jordi Xavier Vicedo y por la secretaria del Ayuntamiento de Corbera, Soledad C. Martínez. La Audiencia
La Audiencia Provincial considera que las diligencias de pruebas interesadas por la defensa de los acusados, habrán de celebrarse durante el acto del juicio, puesto que de la instrución practicada, se evidencia la existencia de indicios de la comisión de los delitos que son acusados (prevaricación y exacciones ilegales).
El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó el recurso de la empresa, Áridos Romafe, S.L. contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo que consideraba que estaba bien denegada la licencia a la empresa para restaurar la cantera “Girtal”, situada en el municipio valenciano de Corbera.
El Tribunal consideró en su sentencia que, el entonces alcalde Jordi Xavier Vicedo, denegó de forma contraria a derecho la licencia que la empresa había pedido para concluir la restauración de su explotacion minera. Los motivos en los que funda su pronunciamiento son dos, el primero, porque tenían que haber requerido a la empresa para que completase la documentación presentada, apercibiéndola de que de no hacerlo en el plazo conferido se procedería a cancelar y archivar el expediente. Y, el segundo, porque el alcalde no podía denegar de plano la solicitud sin recabar previamente los informes jurídicos y técnicos preceptivos.
Esta es la primera denegación de licencias acordada por el Ayuntamiento de Corbera en el ya largo litigio que mantiene con la empresa que explota la cantera, a la que previamente le había otorgado licencia de obras para restauración tanto en el año 2004, como en 2014 y 2015.
Como consecuencia de esta denegación, que ahora anula el Tribunal Superior de Justicia, la empresa promovió una querella por prevaricación y exacciones ilegales tanto contra el entonces alcalde Jordi Xavier Vicedo, como contra la secretaria del Ayuntamiento de Corbera, Soledad C. Martínez y que pende de que sea Sueca como la Audiencia Provincial consideran que conclusa la instrucción, existen serios indicios de delito contra ambos procesados.

Historia de los hechos
La cantera de la empresa, denominada Girtal, «se explota desde 1986, con la preceptiva autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. Con fecha 29 de julio de 2004, el Ayuntamiento de Corbera concedió licencia de obras inicial, por ocho años, a la explotación minera. Por resolución de Alcaldía el 13 de octubre de 2014 se concede nueva licencia de obras a Áridos Romafe por parte del denunciado, el alcalde del Ayuntamiento de Corbera, hasta abril del año 2015, para proseguir con los trabajos de restauración, ante la imposibilidad de concluir dichos trabajos en el plazo proyectado, dada la conocida situación de crisis económica, que desde el año 2007 venía sufriendo España». En ese tiempo, consta en las actuaciones que se han exigido a la empresa por el Ayuntamiento pagos ilícitos por más de 600.000,00 €.
Con fecha 5 de noviembre de 2015, y por los mismos motivos de contexto económico que concurrían en años anteriores, se dicta nueva Resolución por parte del denunciado, concediendo nueva licencia de obra a Áridos Romafe para continuar con los trabajos de la cantera Girtal, hasta septiembre de 2017.
Una vez que la empresa se negó a seguir pagando las cantidades que pedía el ayuntamiento, para una nueva prórroga de la licencia, por el alcalde se dictó orden de paralización y precinto de la actividad minera, comprometiendo con ello más de veinte puestos de trabajo.
Entre septiembre y diciembre de 2017 por parte del ex alcalde, se exigió a la empresa que depositase un aval de 600.000 € ejecutable al primer requerimiento por parte del Ayuntamiento de Corbera, con la obligación de terminar la restauración antes del 30 de marzo de 2019, ya que, en su programa electoral estaba que cerraría la pedrera antes de las elecciones de mayo de 2019. Ante la negativa de la empresa a depositar la cantidad exigida, en diciembre de 2017 se notificó a la empresa la orden de cierre que fue recurrida judicialmente y la justicia condena al Ayuntamiento a anular sus actos por haberse realizado en contra de la ley hasta la fecha de hoy.