En Carcaixent y Llaurí no se puede garantizar la potabilidad del agua pero la Epsar ha pagado obras del aeropuerto de Castelló

La entidad del Consell para depuración gastó 4,6 millones en el suministro hídrico de la instalación sin aviones del aeropuerto de Castelló

El canon de saneamiento que se incluye en el recibo del agua que pagan todos los valencianos no sólo sirvió para pagar el presunto desfalco multimillonario de Emarsa, la gestora de la depuradora de Pinedo. Por esa vía, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) de la Generalitat también destinó 4,6 millones para llevar el agua potable a las instalaciones del aeropuerto sin aviones de Castelló. Lo denunció ayer el diputado socialista en las Corts Francesc Signes, quien consideró una «indecencia» que se haga recaer en el bolsillo de todos los ciudadanos actuaciones de una entidad pública que teóricamente debía servir para depurar y tratar las aguas residuales, lo que justificó la creación de una tasa en el recibo del agua.
La memoria de la Epsar referida a 2011 desvela que la firma del Consell acometió «obras de abastecimiento de agua al aeropuerto de Castelló desde el sondeo de Vinalova d´Alcolea», en el término de la Torre d´En Doménech, con un gasto de 4.636.000 euros. La actuación se acometió con la «excusa», dijo Signes, de que estas obras también mejorarían el suministro de agua en algunas poblaciones cercanas a la instalación aeroportuaria. El parlamentario denunció que se han «incumplido los objetivos básicos iniciales» para los cuales el Gobierno del PSPV en la Generalitat creó la Epsar en 1992, que eran los dar «una solución a los problemas ambientales por la falta de tratamientos adecuados para la depuración de las aguas residuales urbanas e industriales». Para ello se impuso el canon de saneamiento como una tasa a pagar por todos los ciudadanos cuya recaudación había de destinarse exclusivamente a depuración y tratamiento de aguas residuales.
Sin embargo, a partir de 2002 el Consell del PP configuró este ingreso como un «impuesto», explicó Signes, y amplió el objeto para abarcar otro tipo de actuaciones, como la modernización de regadíos o el suministro de agua potable y otras obras «menos confesables». Y ello pese a que los paganos siguen siendo los ciudadanos. El canon financia el 97 % de los ingresos de la entidad, 222 de los 229 millones del presupuesto. Para Signes, se ha «desvirtuado» el canon con usos ajenos a la finalidad ecológica. Y ello mientras en zonas como la Ribera todavía no se está en condiciones de suministrar agua libre de nitratos o que en municipios como Carcaixent y Llaurí no se puede garantizar su potabilidad por la contaminación por herbicidas.   Juan García Gómez.  Leer noticia completa en Levante-EMV