Según las cifras publicadas por el SERVEF, el paro registrado en el mes de  marzo de 2020 en la Ribera, se ha situado en 21761 personas, es decir, 2311 parados más que en el mes de febrero.
Por su parte, los datos anuales indican que tenemos en este mes 2034 parados menos que el mismo mes del 2019 lo que supone una incremento de desempleo anual del 10’31%. En cuanto a la contratación,  se han registrado 10382 contratos en marzo 2020, lo que ha supuesto 2048 contratos menos que en el 2019 es decir un 16’48% de disminución interanual. Por géneros, 3213 han sido a mujeres (30’95%) y 7169 a hombres (69’05%). La contratación indefinida mensual es de 783 contratos y la contratación temporal es de 9599 contratos lo que significa un 7’54 % en indefinidos y la temporal un 92’46%. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 83’71 % a jornada completa y un 16’29% a tiempo parcial.
Los datos del paro de marzo muestran la irrupción de la pandemia del coronavirus en nuestro mercado de trabajo.
Además, en el caso de la Ribera, los datos del paro no se han podido beneficiar de la campaña de fallas y semana santa y muchos trabajadores y trabajadoras no han podido incorporarse a sus nuevos puestos de trabajo.
Por otra parte, es significativo que el empleo femenino haya resistido mucho mejor que el masculino, dado que las actividades esenciales como son las vinculadas a los cuidados, alimentación y en general los servicios a la sociedad, tienen una amplia presencia laboral de las mujeres.
Para Raül Roselló, Secretario Intercomarcal de UGT-PV, estos datos reflejan la finalización de los contratos temporales y los empleos perdidos por despidos, individuales o colectivos, lo que constata que muchos empresarios han optado por ajustar las plantillas de la manera más lesiva, en lugar de utilizar otros elementos de flexibilidad y en concreto los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) y a pesar del acuerdo de los agentes sociales y el real decreto del Gobierno para facilitar y agilizar su uso. Para estos trabajadores y trabajadoras, la decisión del Ejecutivo de dificultar los despidos, como reclamaba UGT, ha llegado tarde.
La elevada temporalidad injustificada y el abuso sistemático de la figura de los contratos de “obra y servicio” o “eventuales por circunstancias de producción” , como venimos denunciado UGT constantemente, han vuelto ha facilitar la destrucción masiva de empleo, con una velocidad e intensidad incluso mayor que en la crisis de 2008.
Para Roselló, La pérdida de empleo debe ser temporal y recuperarse una vez arranque la economía. A esto obedecen las distintas medidas aprobadas por el Gobierno, entre ellas la prohibición de despedir, agilizar las suspensiones temporales de empleo o reforzar la protección por desempleo.
Pero, a pesar de la progresiva extensión de la protección que se ha venido realizando en las diferentes normas aprobadas y que se trata del mayor esfuerzo de protección social de la historia de España, la cobertura otorgada para esta situación tan dramática sigue siendo insuficiente. Siguen estando desprotegidos colectivos muy importantes, y en especial las personas desempleadas (muchos de ellos parados de larga duración) que han agotado o van a agotar la prestación o subsidio. O quienes sean despedidas con contrato indefinido y no hayan cotizado el tiempo suficiente para obtener prestación. Además, las cuantía y duración de algunas prestaciones extraordinarias aprobadas son muy insuficientes. Sin olvidar a quienes trabajaban en la economía sumergida. Situación que especialmente gravosa si tenemos en cuenta el obligado confinamiento.
Pese a ello, desde la UGT comarcal pensamos que debemos huir de tremendismos ya que nuestro tejido económico tiene sólidas posibilidades de recuperación si tomamos las medidas adecuadas para acortar la crisis y no dejar a nadie atrás. Desde UGT reclamamos que todo el tejido empresarial contribuya responsablemente a la recuperación del empleo tan pronto como sea posible, absteniéndose de alargar innecesariamente los ERTES y recuperando las plantillas. Reclamamos igualmente que todas las administraciones, incluidos los municipios, contribuyan a la recuperación de la confianza, reorientando sus presupuestos hacia el estímulo del tejido económico y laboral y la priorización del apoyo a los colectivos con mayores dificultades.