El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sueca ha admitido a trámite la querella criminal por prevaricación administrativa contra el alcalde y la secretaria del Ayuntamiento de Corbera, Jordi Xavier Vicedo y Soledad Martínez, respectivamente, presentada por la Central Sindical Obrera Independiente, mandando incoar diligencias previas para la averiguación de los hechos denunciados.
Este es un paso más, en el complejo entramado jurídico en el que se ha visto obligada a entrar, Canteras y Áridos Llaurí, la empresa que explota la cantera “Girtal”, ante la negativa injustificada, arbitraria y electoralista del Ayuntamiento de Corbera, a otorgar licencia para finalizar la restauración de la explotación.
La actuación caprichosa e interesada del alcalde, justo antes de la próxima cita electoral, está causando importantes perjuicios, nos sólo a la compañía, sino también a los trabajadores de la misma, que ven peligrar sus puestos de trabajo en la cantera que, a juicio de la administración autonómica, se ha explotado de manera ejemplar durante los últimos 20 años.
Ante esta situación, el sindicato que representa a los trabajadores, se ha visto obligado a actuar para defender sus intereses y derechos laborales, presentando querella por prevaricación administrativa, al considerar que tanto el alcalde, Jordi Vicedo, como la secretaria del Ayuntamiento, Soledad Martínez, han dictado resolución denegatoria de licencia y expediente de cierre de la cantera, de forma arbitraria y a sabiendas de su injusticia.
Una vez más, como ya ocurrió con la querella presentada por la propia empresa, la jueza ha entendido que hay indicios suficientes de delito. El alcalde y la secretaria tendrán que explicar el porqué de sus decisiones y justificar que se ajustan a la legalidad. Aunque es algo realmente difícil, teniendo en cuenta que en nada ha cambiado la situación de la cantera con respecto a los últimos 20 años, en los que el Ayuntamiento de Corbera ha concedido la licencia de forma regular y sin ningún problema, salvo la obligación de realizar determinados pagos ilegales al Ayuntamiento, hecho que constituye un delito de exacciones ilegales y por el que ya hay un procedimiento abierto contra el Ayuntamiento y en el que se ha imputado al alcalde y la secretaria.
Fuentes del sindicato afirman que “confiamos en que la justicia sea rápida y no se vean perjudicados los intereses de los trabajadores, ni se cause un mal mayor al interés general del pueblo, que puede ver interrumpida la obra de la variante que en estos momentos está nutriendo la cantera y causarles un grave perjuicio medioambiental, al no poder finalizar las labores de restauración que devolverán a Corbera dicho paraje natural”.