La Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alzira, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa interpuesta contra Lola Botella, Alcaldesa de Carcaixent. Las diligencias fueron incoadas a raíz de una denuncia presentada por Ana Calatayud, concejal de Units per València (UXV) tras conocer que se habían pagado facturas con dinero público por la defensa en procesos judiciales de la propia alcaldesa, diversos funcionarios y varios concejales del gobierno municipal. A esos hechos, Botella respondió que “la defensa jurídica tanto de los concejales como de los trabajadores municipales por procedimientos relacionados con su labor en el Ayuntamiento es un derecho recogido en la ley, está regulado en el convenio con los trabajadores y es completamente legal”. Además, “el ayuntamiento sólo asume los costes si el imputado gana el pleito porque si es declarado culpable, debe hacerse cargo de los gastos y eso ha sido así siempre”. Según apunta el auto de la Juez, “en la instrucción de la causa se han llevado a cabo cuantas diligencias han sido necesarias para la averiguación de los hechos”.
En el mismo auto se recoge que de las diligencias de prueba practicadas en el procedimiento, consistentes en las declaraciones de cada una de las partes, acusación e imputada, testificales y documentación, no se desprenden indicios que constaten que por parte de la Alcaldesa de Carcaixent se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos y que no existen elementos suficientes que constaten esta conducta.
Respecto a la elección de abogado, desde el gobierno municipal ya se apuntó que “la elección de letrado es una cuestión personal que depende de cada implicado y que nunca ha sido impuesta desde el ayuntamiento”. El auto indica que no existen ni elementos de prueba ni indicios de criminalidad suficientes que acrediten que la imputada haya cometido un delito de malversación de caudales públicos.
Según Lola Botella, “el Ayuntamiento de Carcaixent, como cualquier empresa o administración de cierta entidad, tramita cada año una gran cantidad de iniciativas, emite informes y está inmersa en distintos procedimientos judiciales. En ocasiones tiene razón el Ayuntamiento y en otras no, porque esta administración, como todas, puede cometer errores de tipo administrativo, pero acusarnos de malversación, prevaricación o denuncias por vía penal, son palabras mayores a las que la Justicia está respondiendo con claridad”. 
Desde el gobierno municipal se insiste en que “la Sra. Calatayud no tiene ya credibilidad ninguna; sus denuncias sin fundamento siguen siendo, una tras otra, desestimadas, archivadas o sobreseídas por los tribunales y su afán de protagonismo no es gratis porque cada uno de esos pleitos nos cuesta dinero a todos los vecinos.
La única aportación de Ana Calatayud y Units per València a la política municipal son pleitos sin fundamento que nos cuestan dinero a todos”.